César Remis, exjefe de la Oficina del T-MEC, señala que no se ofrecieron detalles sobre las barreras que México acordó retirar de inmediato. Aclara que, aunque se asegura que son muchas, no existe claridad sobre cuáles son. Esta falta de precisión puede dificultar el cumplimiento del acuerdo.
Hay mucha tela de dónde cortar, y la expectativa de Estados Unidos puede ser muy grande acerca de lo que México debe retirar de inmediato
César Remis, exjefe de la Oficina del T-MEC.
Roberto Zapata, exembajador de México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), apunta que, ante la falta de definiciones, pueden tomarse como referencia dos documentos clave: el informe sobre barreras comerciales publicado por la Oficina del Representante Comercial (USTR) en marzo y una hoja informativa entregada a Trump en abril, luego de que ordenara una investigación sobre obstáculos al comercio.
Ambos documentos coinciden en temas sensibles: el maíz genéticamente modificado, el uso del glifosato, las autorizaciones sanitarias y las restricciones en materia energética. Zapata sostiene que la prórroga de 90 días servirá para identificar las preocupaciones concretas de Estados Unidos y definir si México tiene disposición para atenderlas. Añade que el sector privado estadounidense ya expresó estas inquietudes desde hace años.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que las barreras no arancelarias señaladas en el acuerdo con Estados Unidos incluyen diferencias en temas laborales, propiedad intelectual y regulación comercial. También mencionó disputas sobre patentes, como los plazos de protección que retrasan la entrada de medicamentos genéricos. Pero la lista es larga.
El informe de la USTR traza un mapa detallado de los obstáculos que enfrentan las empresas estadounidenses en México.
Energía: foco rojo
El sector energético encabeza la lista de tensiones. Los señalamientos sobre barreras a la inversión extranjera han derivado en múltiples disputas. Incluso, un panel bajo el T-MEC quedó pendiente.
Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, México aplicó una política energética orientada a fortalecer a Pemex y CFE.
En ese marco se aprobaron reformas que obligan al operador de la red eléctrica a dar prioridad a la electricidad generada por la CFE, sin importar su costo ni impacto ambiental. Así como la dominancia de la generación de energía con 54% del total.
Las empresas privadas además enfrentan demoras, cancelaciones de permisos y restricciones para operar, importar combustibles o construir estaciones de servicio.
También se ratificó un cambio constitucional que clasifica a CFE y Pemex como “empresas públicas”, con el fin de garantizarles una posición dominante.
Y existe una política de compras de gas natural que otorga a Pemex y CFE un papel exclusivo como proveedores.
Minería: incertidumbre regulatoria
El sector minero también aparece en la lista de preocupaciones. De acuerdo con la USTR, México introdujo disposiciones que dificultan la obtención y renovación de concesiones, en especial para empresas extranjeras. Señala procesos opacos, plazos indefinidos y criterios discrecionales para otorgar permisos.
La reforma minera de 2023 elevó los requisitos técnicos y sociales para mantener títulos vigentes. También impuso restricciones en el acceso al agua para operaciones mineras e incluyó nuevos mecanismos de consulta comunitaria. Para Washington, estas medidas generan incertidumbre jurídica, complican la planeación de proyectos y frenan la inversión extranjera en el sector.
