El instrumento alterno sería la Sección 122 de la Ley de Comercio, que autoriza aranceles temporales de hasta 15% ante déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos de Estados Unidos. Esta herramienta permite actuar sin aval previo del Congreso, aunque solo por un periodo máximo de 150 días, pero superado ese plazo, la continuidad de los aranceles requiere aprobación legislativa, un escenario que luce poco viable.
Ante ese límite, Hassett anticipó que la administración recurriría después a otras facultades, en particular las Secciones 232 y 301, que permiten imponer gravámenes por razones de seguridad nacional o prácticas comerciales desleales. El diseño apunta a una secuencia legal que sostenga la recaudación aun si la IEEPA pierde respaldo judicial.
De acuerdo con estimaciones de Tax Foundation, un arancel de 10% aplicado a los mismos bienes gravados bajo la IEEPA generaría hasta 36,000 millones de dólares en pagos arancelarios durante esos 150 días, con ingresos netos cercanos a 27,000 millones.
Mientras que con una tasa de 15%, la recaudación directa subiría a 47,000 millones de dólares, con ingresos netos próximos a 36,000 millones, según la fundación.
Estos montos implican que Trump puede sustituir entre 56 y 73% de los ingresos previstos bajo la IEEPA para ese mismo periodo. El cálculo asume que los importadores mantendrán sus volúmenes de compra, pero si optan por retrasar operaciones ante la incertidumbre posterior al plazo de 150 días, la recaudación efectiva sería menor, advierte Tax Foundation.
