La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurre en un territorio que no solo es estratégico para la seguridad pública, sino para la economía nacional. Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas —entidades donde el grupo ha tenido presencia o disputas relevantes— concentran en conjunto alrededor de 5.5 billones de pesos en Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale aproximadamente a una sexta parte de la economía mexicana.
Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas: 5.5 bdp en PIB bajo presión del crimen
Las entidades más impactadas por la violencia criminal concentran más de 20 millones de habitantes y casi 9.4 millones de empleos; extorsión y robo en carreteras son los delitos con mayor costo económico.
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El costo económico de la inseguridad
“El impacto económico más importante de los temas de seguridad tiene que ver con dos cosas: el robo en carreteras y la extorsión”, explicó Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México. “Esos dos delitos afectan decisiones de inversión de pequeños y medianos empresarios, encarecen la distribución y modifican decisiones de localización de empresas”, señaló el especialista en el marco de la presentación del último estudio de Oxfam sobre desigualdad: "Oligarquía o democracia". En otras palabras, elevan el costo estructural de hacer negocios.
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De hecho, de acuerdo con la base de datos internacional Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), la violencia vinculada a cárteles en México se ha diversificado más allá del trasiego de drogas hacia actividades como extorsión, robo de combustible, secuestro y control territorial.
Esa diversificación implica impactos económicos directos como el aumento de gasto en seguridad privada, primas de seguro más altas y ajustes logísticos en rutas y horarios, lo cual puede representar un aumento de costos de hasta 10% en las empresas del país.
En su más reciente índice de conflicto para México, ACLED contabiliza miles de eventos de violencia organizada y un elevado número de incidentes dirigidos contra civiles, lo que describe un entorno de riesgo persistente en diversas regiones del país.
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Infraestructura crítica y cadenas productivas
Jalisco aparece como “polo tecnológico y logístico” y sobresale en sus exportaciones manufactureras. De acuerdo con datos del Inegi en el tercer trimestre de 2025 exportó 13,543.6 mdd en manufacturas (más 290.4 mdd agropecuarios). En atracción de proyectos, el propio gobierno estatal promociona a la entidad como la próxima “capital de semiconductores” y reportó una bolsa de 2,758 mdd en inversiones asociadas al sector en 2024.
En Guanajuato, por ejemplo, la disputa en torno a nodos energéticos como Salamanca —zona estratégica por la presencia de refinería y ductos— vincula la violencia con el robo de combustible y la extorsión, lo que amplifica el impacto hacia proveedores, transporte y comercio local.
En Michoacán, donde la agroindustria del aguacate es uno de los principales motores económicos, la extorsión ha sido documentada como un mecanismo de control territorial que actúa como un “impuesto informal” sobre productores y comercializadores.
Y en Tamaulipas, el robo a transporte de carga en corredores fronterizos incide directamente en cadenas de suministro orientadas a exportación.
El efecto no siempre se traduce en cancelaciones masivas de inversión, pero sí en mayor cautela. Como ha documentado previamente Expansión, empresas en diversas regiones del país destinan porcentajes crecientes de su gasto operativo a seguridad privada, monitoreo y protección logística.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha advertido que la violencia criminal no solo genera costos directos, sino que también reproduce desigualdades al distorsionar mercados locales y debilitar la competencia. Según el Índice de Paz México 2025, la violencia en el país tuvo un impacto económico de 4.5 billones de pesos en 2024, equivalente a 18% del PIB nacional, con un costo per cápita de 33,905 pesos.
“Todas las empresas tienen que destinar más recursos a estos temas. Eso distrae recursos de actividades productivas y afecta decisiones de inversión”, señaló.
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