La advertencia de Ghosh ocurre mientras el gobierno mexicano impulsa una nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con la que busca movilizar alrededor de 5.6 billones de pesos en proyectos de energía, trenes, carreteras y puertos mediante esquemas de inversión mixta.
De hecho, la nueva legislación contempla la creación de vehículos de inversión y fideicomisos especializados para financiar obras estratégicas, un giro relevante frente al discurso del sexenio pasado, cuando el gobierno federal eliminó múltiples fideicomisos bajo el argumento de combatir opacidad y privilegios.
Damos muchos incentivos, pero no imponemos suficientes condiciones a las empresas privadas. Les damos subsidios, pero no nos aseguramos de que cumplan su parte del acuerdo ni de que compartan las ganancias
Jayati Ghost, economista india
Ghosh puso como ejemplo el caso de empresas apoyadas por el gobierno de Estados Unidos para desarrollar autos eléctricos y vacunas. Señaló que compañías como Tesla y Moderna recibieron subsidios multimillonarios sin que el gobierno obtuviera participación accionaria, control de precios o acceso abierto a la tecnología desarrollada.
“Si el gobierno pone 75% del dinero, debería quedarse con 75% de las acciones, como haría cualquier fondo de capital de riesgo”, sostuvo.
La académica explicó que México enfrenta un desafío particularmente delicado porque busca impulsar una política industrial en un contexto de limitaciones fiscales y crecientes necesidades de gasto en salud, energía, telecomunicaciones e infraestructura. Bajo esas condiciones, dijo, el país debe evitar que los apoyos públicos se traduzcan únicamente en beneficios privados.
“Se pueden hacer asociaciones público-privadas exitosas, pero con condiciones claras, como compartir ganancias, controlar precios y transferir tecnología después de cierto tiempo”, afirmó.
Ghosh también alertó sobre el riesgo de destinar recursos públicos a rescates o subsidios empresariales mientras sectores como salud y cuidados permanecen rezagados. Consideró que los sistemas públicos universales suelen ser más eficientes y menos costosos que los modelos privatizados. “La salud debe entenderse como un bien público. El mercado no lo va a resolver por sí solo”, señaló.
A favor de los impuestos a grandes fortunas
En materia fiscal, la economista defendió los impuestos a las grandes fortunas y afirmó que el argumento de que provocan fuga de capitales suele ser exagerado. Recordó que países como Colombia y France han implementado gravámenes al patrimonio sin registrar salidas masivas de millonarios.
“Cada vez que se habla de impuestos a la riqueza, los ricos dicen que será un desastre, pero cuando se aplican, normalmente no ocurre nada de eso”, comentó.
La especialista también cuestionó los paraísos fiscales y las jurisdicciones con secreto bancario, al considerar que facilitan tanto la evasión fiscal como actividades criminales transnacionales. “No veo ningún caso positivo para los paraísos fiscales ni para las jurisdicciones de secreto financiero”, concluyó.
