Impuesto a comida chatarra tiene el pendiente de subir de 8 a 20%; organizaciones presionan para incrementar IEPS

Este impuesto comenzó a aplicar en el ejercicio fiscal 2014, tras el objetivo de garantizar los derechos constitucionales a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el derecho a la protección de la salud. Desde ese año, la tasa que se aplica al precio del producto previo al IVA, no se ha actualizado, mientras la inflación acumula 72% hasta el cierre de julio de 2026, refiere información de El Poder del Consumidor, Fundar y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La actualización es necesaria porque “el efecto que tiene este impuesto ya ha perdido valor en el tiempo, además de que existe mayor evidencia sobre el consumo de estos alimentos ultraprocesados”, explicó en entrevista, Paulina Magaña Carbajal, coordinadora de la Campaña de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor.

Cifras de Hacienda detallan que desde el periodo enero-julio de 2024 bajó el ritmo de recaudación de este IEPS a comida chatarra, desde niveles previos mayores a 10% y hasta 21.5%, de 2021 a 2023. Al cierre de julio de este año, el crecimiento real anual fue de 3.5% con una recaudación de 24,972 millones de pesos.

En el sendero de la revisión a los impuestos saludables, Hacienda actualizó para 2026, el IEPS que se cobra a las bebidas saborizadas con azúcar como refrescos y jugos industrializados, y amplió su aplicación a las bebidas con edulcorantes y sueros con azúcar y edulcorantes, además de incrementar el IEPS para el tabaco.

No obstante hay pendientes, como actualizar la fórmula para el gravamen a cervezas y bebidas alcohólicas, y a los alimentos con alta densidad calórica, es decir, los que rebasan las 275 kilocalorias por cada 100 gramos y que están en la lista del artículo segundo de la Ley del IEPS.

La propuesta de las organizaciones El poder del Consumidor y Fundar es que el IEPS a estos alimentos no básicos debe pasar de 8% a 20% de forma inmediata (sobre el precio al consumidor final antes del IVA), con el objetivo de estar actualizados a los estándares internacionales. “Es una tendencia que se está viendo, en el 2017 seis países (de la Organización Mundial de la Salud, OMS) contaban con este impuesto, pero ya para el 2022 casi 30 países lo habían adoptado”, comentó Magaña. De los casos más recientes en América Latina destacó Colombia, país que implementó un gravamen de 10% en 2023 a los alimentos ultraprocesados, el cual avanzó a 15% en 2024, y a 20% en 2025.

“Nuestra propuesta no la planteamos como gradual, sino pasar directo del 8 al 20%, ya que en general las recomendaciones de impuestos para ser más efectivas, siempre se han anunciado de más de 20%, incluso en refrescos, por esta evidencia que hay de que entre mayor sea el porcentaje, mayor es el impacto que va a tener en la disminución de compras”, explicó Magaña Carbajal.

De acuerdo con la OMS, la evidencia sugiere que los impuestos a productos ultraprocesados pueden reducir la compra y su consumo, incrementar la recaudación tributaria, incentivar su reformulación en beneficio de la salud pública e incrementar la percepción sobre el significado de una alimentación saludable.

El consumo en exceso de estos alimentos se relacionan con las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer, además propician la desnutrición y desequilibrios de vitaminas o de minerales. refiere el estudio “ Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública ”, de El Poder del Consumidor y Fundar.

Para que el incremento en el IEPS suceda, la SHCP debe proponerlo en el Paquete Económico próximo a presentarse, a más tardar el ocho de septiembre, o puede sumarse a las disposiciones para 2027, si uno o varios legisladores o grupos parlamentarios suben a la discusión la propuesta y es aprobada por la mayoría de las dos cámaras.

Ampliar la lista del IEPS a ultraprocesados

Actualmente, este IEPS de 8% aplica a nueve tipos de productos: botanas; productos de confitería; chocolate y demás productos derivados del cacao; flanes y pudines; dulces de frutas y de hortalizas; cremas de cacahuate y avellanas; dulces de leche; alimentos preparados a base de cereales, y helados y paletas de hielo.

Pero hay sus excepciones para productos de la cadena de trigo, como la tortilla, el pan no dulce, galletas saladas; de la cadena de maíz como la tortilla y sus alimentos sin azúcares y galletas de maíz saladas. También los cereales para lactantes, y pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de caja.

Si bien mayormente, todos los productos a los que aplica este IEPS tienen etiquetado frontal por exceso de azúcares, no todos los productos que tienen el etiquetado por otros conceptos como exceso de sodio, grasas saturadas o grasas trans, están gravados con el IEPS.

De darse la discusión para aumentar el IEPS, también debería de revisarse la clasificación o listado de productos que estarían dentro, ambas revisiones; el aumento y la lista, deberían realizarse. “Las revisiones deberían ir más allá de lo calórico, puede ser por exceso de sodio, pero no en calorías”, agregó la especialista de El Poder del Consumidor.

Más propuestas para comida chatarra

Sobre el tema, también está la Alianza por la Justicia Fiscal, que congrega a siete asociaciones de la sociedad civil, quienes, en vez de proponer un incremento de 8% a 20% al IEPS a estos alimentos, pone sobre la mesa una serie de acciones, donde destaca la posibilidad de aumentar los costos de los permisos, licencias de producción y comercialización para que las empresas internalicen y paguen por el costo social que trasladan al sistema salud.

“No tenemos una propuesta específica para aumentar el IEPS a alimentos ultraprocesados, eso es porque, en este tema no llegamos a un acuerdo como tal, por el contexto en el que nos encontramos en México, nos tomamos este tema muy en serio porque hay una sensibilidad mayor en gravar alimentos, que en gravar tabaco o alcohol”, explicó en entrevista, Sophia Appl Scorza, coordinadora técnica de la Alianza por la Justicia Fiscal.

La especialista destacó que más de la mitad de los hogares en México, sufre algún tipo de inseguridad alimenticia, incluso en la Ciudad de México tenemos entornos donde no hay un acceso físico o económico, o alternativas para alimentos saludables, incluso hay pobreza de tiempo que no permite a la población, por ejemplo, destinar tiempo para la preparación de alimentos.

En tanto, los hogares pertenecientes a deciles de menores ingresos destinan una proporción significativamente mayor de sus ingresos al gasto total en alimentos: el decil más bajo destina 52% de sus ingresos, mientras que el decil más alto destina tan sólo 14 % de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI en 2024.

Además, la población del primer decil de ingreso que presenta carencia en cuanto al acceso a la alimentación nutritiva y de calidad es de 36.6 %, en comparación con el porcentaje nacional de 18.2 %, detalló el cuadernillo “Propuestas de Impuestos Saludables: por más derechos y cuidados en México” , presentado la semana pasada, de la Alianza por la Justicia Fiscal.

No solo subir el IEPS

Las especialistas coinciden que las medidas para alimentos procesados no deben enfocarse a una sola acción, sino complementarse, y coinciden en que los recursos que se obtengan por este IEPS deben etiquetarse tras el objetivo de darle puntual seguimiento y sean destinados al cuidado de la salud.

En específico la Alianza propone que se etiquete el 70% de lo recaudado, para destinar el 50% al IMSS Bienestar; 40% para el Sistema Nacional de Cuidados, y 10% para programas y organismos que fomenten el acceso a una alimentación saludable, acceso a agua potable, además del fortalecimiento para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría de la Defensa del Consumidor.

También pone en la discusión, añadir políticas públicas enfocadas en mejorar el acceso físico y económico a alimentos y bebidas saludables.