La Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió al Senado mexicano no aprobar el Paquete Económico 2027 en sus términos actuales, porque advierte que las medidas pueden reducir los recursos disponibles para que las empresas inviertan, contraten personal y amplíen sus operaciones en México.
Cámara de Comercio de EU pide al Senado de México corregir los cambios al ISR por riesgos a la inversión
Las empresas de Estados Unidos respaldan combatir la evasión, pero pide ajustar el Paquete Económico 2027 para proteger gastos operativos y evitar la doble tributación.
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En una carta dirigida al senador Yunes, con copia a Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; a los secretarios de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y de Economía, Marcelo Ebrard; al jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, el organismo respaldó el combate a la evasión y las operaciones simuladas, pero cuestionó que las propuestas alcancen gastos legítimos de empresas que cumplen sus obligaciones.
El centro de la discusión es qué tan cerca queda la utilidad que reconoce el fisco de la ganancia que realmente obtiene un negocio.
Los límites a las deducciones del ISR
Una de sus principales preocupaciones es que la propuesta funcione como un piso mínimo de utilidad gravable, sin considerar la rentabilidad real de las empresas . Según el organismo, esto sería especialmente problemático para negocios con márgenes bajos o gastos elevados en inventarios, logística, insumos, nómina, arrendamientos y financiamiento.
El argumento es que limitar de manera general las deducciones elvaría la utilidad sujeta a impuestos, incluso cuando los gastos sean necesarios para operar y estén debidamente documentados. A consideración de la Cámara, el impuesto debe aplicarse sobre la utilidad neta y reconocer los costos legítimos de generar ingresos.
La organización advierte que el impacto sería desproporcionado para sectores que requieren grandes inventarios, inversiones de capital o servicios logísticos. También cuestiona que las compañías deban registrar deducciones rechazadas durante periodos prolongados, sin certeza de recuperarlas del todo.
Trasladarlas a ejercicios posteriores ofrecería poco alivio si el mismo límite impide utilizarlas año tras año. En ese caso, señala, una restricción temporal podría convertirse en un costo fiscal permanente .
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Menos recursos
La Cámara afirma que las inquietudes parten de comentarios de sus empresas afiliadas, que anticipan mayores desembolsos fiscales, menos capital de trabajo e incertidumbre sobre la recuperación de deducciones diferidas.
Según la carta, esos efectos podrían influir en decisiones de contratación, apertura de tiendas, ampliación de instalaciones, modernización de cadenas de suministro y precios. El organismo anticipa menor inversión, menor creación de empleos y precios más altos.
Entre sus objeciones está la reducción del límite de deducción de intereses netos de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada. Sostiene que esto elevaría el costo del capital después de impuestos y afectaría la inversión, las remuneraciones y el crecimiento económico.
También cuestiona limitar el uso de pérdidas fiscales a 50% de la utilidad gravable, incluidas las generadas antes de la reforma. Advierte que esto alteraría expectativas de inversión y prolongaría la recuperación de proyectos estructurados bajo las reglas actuales.
Pagos anticipados y doble tributación
Los cambios a los pagos provisionales pueden obligar a las empresas a entregar montos superiores a su impuesto anual esperado, sostiene la Cámara. Esto presionaría su liquidez, elevaría sus costos de financiamiento y generaría saldos cuya recuperación podría tardar.
En operaciones con residentes extranjeros, advierte que exigir retenciones antes del pago efectivo provocaría desajustes y riesgos de doble tributación. También considera que las restricciones pueden afectar acuerdos bilaterales de precios de transferencia aceptados por las autoridades de México y Estados Unidos.
"Tal como están redactadas actualmente, las reformas propuestas son difíciles de conciliar con los principios fundamentales de una política tributaria sólida, tal como se refleja en las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluyendo aquellos relativos a la seguridad jurídica, la administrabilidad, la proporcionalidad, la tributación de la renta neta, la prevención de la doble imposición y el respeto de los mecanismos bilaterales de prevención de controversias, como los Acuerdos Anticipados de Precios (AAP)".
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Qué cambios pide al Senado
La organización propone excluir de los límites los gastos operativos verificables y proteger a negocios con márgenes bajos. Solicita mantener el umbral de deducción de intereses de 30%, permitir el uso íntegro de pérdidas previas y ajustar los pagos provisionales al resultado anual esperado.
Asimismo, plantea garantizar la recuperación de deducciones diferidas y establecer protección para contribuyentes con operaciones reales, costos rastreables y documentación adecuada. Pide reglas de transición que respeten inversiones y financiamientos existentes.
La Cámara solicita continuar el diálogo con empresas, expertos fiscales e industrias afectadas antes de avanzar con el paquete. Considera que fortalecer las finanzas públicas y preservar la competitividad de México son objetivos complementarios, que requieren un entorno tributario predecible y transparente.
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