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Así es la Ley de Pago a 30 Días que impulsan en el Senado los emprendedores

La ASEM presentó en el Senado su propuesta de Ley, que establecería sanciones para las empresas del sector público y privado que incumplan plazos de pago.
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La propuesta de Ley de Pago en 30 días tiene el respaldo de al menos 10 senadores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano.

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión). Para muchas micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), entre ellas las start-ups, cobrar una factura en plazos de hasta 120 días o más es una cuestión que limita además su crecimiento e, incluso, su supervivencia. Por ello, emprendedores, académicos y legisladores proponen establecer un plazo máximo para que estas compañías cobren y paguen por el bien o servicio otorgado.

“No tiene sentido que el grande se financie del chico. Continuamente nos enfrentamos a contratos de adhesión en el que se imponen las condiciones sin oportunidad de negociar nada”, aseguró Fernando Mendivil, presidente de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), quien presentó en el Senado el proyecto de Ley de Pago a 30 Días. Se trata de una de las 10 propuestas que promueve esa organización para facilitar la actividad emprendedora en el país.

La propuesta de ley pretende generar un círculo virtuoso para que empresas del sector público y privado cobren y paguen en 30 días. Se trata de una iniciativa que ya existe en países como España, Chile, Reino Unido y Estados Unidos. “Los países que implementan políticas de pago oportuno tienen mayores tasas de crecimiento en su Producto Interno Bruto, afirmó Rogelio de los Santos, presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera. “Según el Monitor Global de Emprendimiento (GEM), 52% de las empresas -de economías emergentes- sufren de liquidez”, agregó.

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El proyecto cuenta con el respaldo de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y de 10 senadores de diferentes partidos, entre ellos Martín Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado; Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía del Senado, y Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la cámara alta.

Los puntos claves de propuesta son:

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-Carácter general. Es aplicable para todas las empresas privadas del país (mipymes y grandes) y del sector público. De los Santos dijo que se han reunido con cámaras empresariales, CEO de corporativos y emprendedores. Lo que se busca es reducir la fricción entre las partes. “Hay compañías que ya tienen incorporada esta practica de pago a 30 días”.

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-Plazo máximo. Para el sector privado es de 30 días naturales a partir de la recepción de la factura. Durante los primeros 12 meses a partir de la entrada en vigor de la ley, el plazo sería de 60 días para los ajustes del mercado y de las cadenas de pago en las empresas. Para el sector público sería también de 30 días naturales a partir de la recepción de la factura (salvo en casos como licitaciones o contratación directa).

-Sanciones: “A partir de la recepción de la factura correrán los 30 días para pagar, de lo contrario comenzará a generar un interés”, expuso Mendivil. En caso de incumplimiento se aplicaría una comisión a favor del proveedor por cada día de retraso, así como una multa sobre el saldo insoluto que la empresa deudora pagaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el sector público, la sanción sería administrativa para el funcionario encargado que incumpla con los plazos de pago.

-Excepciones. “Los acuerdos entre privados van a seguir siendo posibles, pero el acuerdo debe quedar registrado en un portal -habilitado para ese fin- de la Secretaría de Economía, para evitar abusos”, dijo Mendivil. El contrato debe quedar registrado en un plazo no mayor de cinco días hábiles, a partir de su celebración. Esto dará pie a generar un índice de plazos de pago en el país.

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Los siguientes pasos

La Ley de Pago en 30 días está en construcción y podría pasar lo que resta del año antes de llegar al Senado, estiman los organizadores.

Su elaboración requerirá revisar los Artículos 5°, 25 y 28 de la Constitución, así como otras seis leyes generales, entre ellas el Código Civil de la Federación, el Código de Comercio, la Ley para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La ASEM continuará reuniéndose con empresarios para recoger sus observaciones y enriquecer la propuesta. También convocó a mipymes y emprendedores para que firman la iniciativa a través de la plataforma Change.org y la difundan en redes sociales.

Los legisladores coincidieron en que se trata de una ley compleja pero razonable. “Estamos en el momento propicio para que esto cambie para bien, para quitar las barreras de entrada y los privilegios, para ello se tiene que armar una ley que no pueda ser rebatida”, comentó el legislador panista, Gustavo Madero.

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Por su parte, Indira Kempis, del partido Movimiento Ciudadano, dijo que se organizarán foros en los que se escuche a expertos de la academia, empresarios y de la sociedad civil. “No podemos cerrar la puerta a la innovación, debemos hacer de México el mejor lugar para emprender”.

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