Los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador saben a más. El presidente comenzó sus movimientos justo después de ganar las elecciones, justo hace un año, lo que provoca la sensación de que su administración comenzó mucho antes del 1 de diciembre.
En este periodo, varios sectores han marcado la agenda política y económica del país. Analizamos algunos de ellos:
Energía: López Obrador tomó como estandarte de su presidencia la búsqueda de la “soberanía energética”, una meta que pasa por reconvertir a Pemex como eje del sector, a expensas de frenar la participación privada que se venía dando gracias a la Reforma Energética impulsada por la anterior administración de Enrique Peña Nieto.
“Los que apoyaron la reforma energética están calladitos, estoy esperando todavía que ofrezcan una disculpa. No nos han ofrecido una disculpa pública, no dicen nada y cometieron un grave error", soltó el presidente en una de sus primera conferencias matutinas a inicios de este año. El mandatario ha hecho esta ‘amable’ petición desde que se declaró ganador hace 12 meses, al considerar que la política del anterior sexenio falló de manera rotunda en atraer más inversión y producción al sector petrolero.
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Una vez con el anhelado resultado electoral a su favor, su equipo en materia energética comandados por Rocío Nahle en la Secretaría de Energía (Sener), Octavio Romero en Pemex, y Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han puesto en marcha la centralización de la actividad del mercado energético.
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Los funcionarios han frenado a las rondas petroleras y las subastas de largo plazo en electricidad, los dos estandartes de la estrategia del gobierno anterior, y han impulsado una mayor inversión para que Pemex extraiga más crudo en el corto y mediano plazo, la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas y una batalla contra los contratos firmados para la construcción de gasoductos destinados al suministro de gas natural a la CFE.
La orquestada puesta en escena sólo ha disparado las alarmas del mercado inversionista, que ve poco probable que puedan cumplir con sus objetivos. La prueba más concreta de esta desconfianza se ha manifestado a través de las rebajas en las calificaciones y perspectivas por parte de Fitch y Moody’s.
- Aeropuerto de Santa Lucía: El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base aérea militar no. 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, tenía un plazo de construcción estimado de dos años, desde junio de este año hasta junio de 2021, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de este año.
Sin embargo, la falta de un dictamen de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto, así como la presentación de 147 juicios de amparo interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches –que han derivado en varias suspensiones– han frenado la obra, y la resolución de estas controversias, a decir de los promotores de los recursos interpuestos, puede extenderse hasta por tres años.
La complejidad de las suspensiones otorgadas contra el proyecto ha ido aumentando: mientras que al principio impedían a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizar cualquier tipo de construcción en el área, recientemente también han pedido conservar los avances del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) e incluso, de ser necesario, llevar a cabo actividades de mantenimiento para evitar su deterioro.
- Turismo: Desde el inicio de la administración, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, advirtió que México caería de una a dos posiciones en el ranking mundial de turismo debido a que en el sexenio los esfuerzos no se enfocarían en atraer mayor cantidad de viajeros, sino en incrementar el ingreso de divisas al país. De esta forma, una de las vertientes dentro de la política del sector sería la creación de productos ancla orientados a turistas con alto poder adquisitivo, como los de origen asiático.
Uno de los mayores descontentos en el sector se relacionó con la desaparación del Consejo de Promoción Turística (CPTM), instancia que se encargaba de promover la marca México a nivel internacional, debido a la política de austeridad. Como medida de mitigación, ya se trabaja en la configuración del Consejo de Diplomacia Turística, una colaboración entre Sectur y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) donde el cuerpo diplomático se encargará de publicitar al país desde las embajadas.
En este contexto, durante el primer cuatrimestre de 2019 la llegada de viajeros internacionales descendió un 3.9% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el ingreso de divisas provenientes de este indicador aumentó 13.8% al llegar a 9,128 millones de dólares. El gasto promedio por visitante se quedó en 1,048 dólares, un crecimiento del 14%.
- Consumo: Las expectativa en el sector de alimentos y bebidas es que incremente el consumo derivado de los programas de beneficio social del gobierno, como ‘Jóvenes Construyendo el Futuro” y los de adultos mayores.
“La implementación de estos programas empezó lenta, se espera que tenga coberturas más amplias de beneficiados a finales del año. Esta situación de implementación de programas sociales en teoría incrementaría el ingreso de estos sectores con estos recursos y se pueda traducir en mayor consumo”, comenta Marco Montañez, analista de alimentos y bebidas de Vector.
El analista también considera estar al pendiente de algún posible cambio en los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas y alimentos con alto contenido calórico que impuso el gobierno de la administración pasada en 2014.
Uno de los sectores más afectados en la agroindustria ha sido el jitomate, pues el pasado 7 de mayo los productores mexicanos comenzaron a pagar un arancel de 17.5% para exportar su producto a Estados Unidos debido al termino del acuerdo antidumping que tenían con el gobierno de ese país desde 1996.
Los representantes de diversos organismos han pedido en varias ocasiones al gobierno mexicano un mayor acompañamiento en las conversaciones con sus homólogos estadounidenses para lograr un nuevo acuerdo que los exente del pago y mejore las condiciones.
“Tenía la esperanza de que la negociación del 5% (referido a la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles, que finalmente no fue ejercida) o del T-MEC incluyeran el tema del tomate. (Con la ratificación del T-MEC) hubiera sido el momento ideal para meter el acuerdo del tomate. (El gobierno) debe de verdad sentarse a negociar con nosotros", dice Óscar Woltman, presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (Amphac).
- Telecomunicaciones: El presidente propuso la creación de una empresa estatal para proveer conectividad en zonas donde actualmente no llegan los servicios fijos ni móviles. El objetivo de cobertura alcanza a 40 millones de habitantes, pero los especialistas piden que mire los proyectos en marcha para evitar crear una empresa paraestatal, que en México es un modelo que ha fracasado.
Por eso, exigen conocer los avances en la Red Compartida, proyecto que opera el consorcio Altán Redes, y proponen la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y revisar el precio del pago anual de derechos del espectro radioeléctrico, que limita las inversiones en el sector.
"Las experiencias de creación de empresas estatales para cumplir con los objetivos de alcanzar con servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o no rentables, en general no han sido exitosas. Por ejemplo en el caso de Argentina (…) ha sido una obra titánica, donde el resultado efectivo ha sido muy bajo y muy pocos usuarios están utilizando esta red", señala Sonia Agnese, analista senior de Ovum, consultora londinense de telecomunicaciones y tecnología.
- Vivienda: Los planes de acción del sector vivienda se enfocaron en tres ejes: el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), la nueva estrategia nacional de Ordenamiento Territorial y el mayor acceso a vivienda de calidad a mexicanos con menos recursos. En este sentido ya se trabaja en la reconstrucción de 36,000 viviendas dañadas por los sismos de 2017 en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); sin embargo, dicha acción tardaría un par de años más en solucionarse.
Todavía existe un rezago aproximado de 9 millones de viviendas en el país, por lo que entre el sector público y privado se trabaja para dotar a los mexicanos con mejores herramientas para adquirir vivienda. En días pasados el presidente envió al Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con cinco puntos clave a resolver.
El organismo determinó el cumplimiento de ellos, que incluye la revisión de juicios masivos, premiación a pagos puntuales, fortalecer el programa de Responsabilidad Compartida, innovación financiera interna y facilidades de pago a trabajadores.
El gran pendiente dentro del sector es la estrategia de Ordenamiento Territorial, que debe presentar Sedatu en los próximos meses y que debe privilegiar la construcción de vivienda social en zonas con acceso a servicios básicos de infraestructura.
