“Actualmente en el mercado de servicios de taxi en los aeropuertos, la normativa otorga a los administradores aeroportuarios la capacidad de restringir artificialmente la oferta por dos vías. La primera, al solicitar que los permisionarios cuenten con contratos con los aeropuertos para brindar el servicio; y la segunda, al establecer como uno de los requisitos en la obtención del permiso otorgado por la SCT, la opinión emitida por el aeropuerto”, dice la Cofece en una nota publicada este mes.
Si bien la normatividad actual exige contar con un permiso especial por parte de la SCT para dar el servicio de taxi en el aeropuerto, en la práctica cada entidad se ha mostrada más o menos laxa con esta prohibición. En el caso de la Ciudad de México, a pesar de las fricciones, sobre todo en los primeros meses de introducción del servicio, los usuarios pueden subir a un auto que use alguna de estas plataformas de transporte bajo demanda.
Pero el gobierno ha pedido a la Guardia Nacional apoyar a la Secretaría de Trasporte y Comunicaciones (SCT) en la vigilancia de que los servicios de transporte de pasajeros basados en la economía compartida como Uber, Cabify, Beat o Didi, luego de presiones de los gremios de taxistas para frenar el acceso de este tipo de plataformas a los aeropuertos, según un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación.
El regulador antimonopolios ha emitido opiniones a favor de modificar estas regulaciones para abrir el mercado tanto a dar más permisos, como a permitir que puedan usarse otros servicios como los basados en la economía compartida.
