El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aún no obtiene respuesta del decálogo de propuestas que presentó al gobierno hace una semana. Carlos Salazar, presidente del organismo, explicó que el sector empresarial está preocupado por las consecuencias que tendrá la situación de contingencia ante el coronavirus, de ahí su listado de iniciativas que, asegura, no incluye la solicitud de condonación de impuestos.
"Aprovecho para repetir que los empresarios no estamos pidiendo una disminución de impuestos, no pedimos una concesión especial. Lo que nosotros decimos son acciones que benefician a la economía común y que tratan de proteger a los mas desprotegidos, a las medianas y pequeñas empresas", afirmó Salazar en una videoconferencia para medios de comunicación.
El representante de los empresarios apuntó que lo que sí solicitan son plazos ante el periodo de presentación de declaración de impuestos, que se cumple el próximo 31 de marzo para personas morales y el 30 de abril para personas físicas. Por ahora, el gobierno no ha ampliado los plazos de entrega. "Si en todos los plazos establecidos por el SAT existe algún condicionamiento de qué tenemos que hacer con los plazos, porque las oficinas están cerradas y se han llenado completamente las peticiones de cita a través de internet", afirmó Salazar.
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Los empresarios también señalan que existen dudas sobre las medidas preventivas publicadas ayer en el Diario Oficial de Federación (DOF) con motivo del inicio de la Fase 2 de la contingencia por coronavirus. El CCE ya ha notificado al gobierno, especialmente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mayor claridad en la definición de qué se entiende por industria estratégica.
"Nos parece que debe estar incluida, y no está, el sector de alimentos y bebidas, que debe seguir operando en el día a día en nuestra opinión. (Las plantas) siguen en proceso de producción y distribución hasta que nos digan lo contrario, porque pensamos que por una omisión no se incluyó en el comunicado", afirmó Salazar, quien agregó que en estos momentos hay que asegurar que no se rompa la cadena de abasto.
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El representante de los empresarios también señal´o que desde el CCE han "intentado convencer" al gobierno de establecer un salario de subsistencia que permita a la población que se quede sin empleo satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia durante la crisis. "Todavía no tenemos respuesta a este paquete de peticiones".
Este salario, sobre el que el CCE no propuso a cuánto ascendería, estaría conformado por la aportación de las empresas y la del gobierno. "Estamos tratando de evitar que haya desempleo, que si una compañía está en la disyuntiva de despedir a su empleado, lo pueda mandar a casa, pero asegurar este salario de subsistencia, donde reciba un salario de la empresa y del Estado. Pedimos a la autoridad que defina si eso debería ser 5,000 pesos, 3,000 o X veces el salario mínimo", agregó Salazar.
Además, apuntó que han solicitado al gobierno que explique con detalle las implicaciones laborales marcadas por la medida de suspender las actividades que involucren concentración física, de tránsito o desplazamiento de personas, como puede ser el transporte de personal en camiones a las plantas manufactureras. O cómo se llevarán acabo los trámites ante cualquier suspensión de operaciones, que debe ser notificada ante la autoridad, si las oficinas de conciliación y arbitraje o cualquier delegación está cerrada.
"El acuerdo (publicado ayer en el DOF) genera muchas dudas respecto de su correcta interpretación. No es una declaratoria de contingencia sanitaria", externó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
