En la exposición de motivos, el ejecutivo acusa a la reforma energética de causar un grave daño al sector, algo que ha sido repetido desde el inicio del sexenio. “No existe duda acerca del rol preponderante que debería mantener Petróleos Mexicanos, no obstante, elementos como la corrupción por las anteriores administraciones federales al interior de la empresa han hecho que esta transición repercuta en la eficiencia energética del país", se lee en el documento. "En tal virtud, la falta de autosuficiencia en el sector energético se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada”, agrega.
A diferencia de otros cambios hechos durante la administración, esta iniciativa de reforma que ha sido enviada a la Cámara de Diputados no es tan agresiva para el sector privado, aunque toca puntos álgidos como las autorizaciones concedidas con anterioridad a algunas compañías.
De acuerdo con la redacción del texto y con fuentes entrevistadas, los participantes del mercado más afectados serán los comercializadores e importadores e combustibles.
La iniciativa presenta modificaciones en tres rubros: la política de almacenamiento de petrolíferos, la suspensión de permisos y la comercialización ilegal de hidrocarburos. El documento plantea la suspensión temporal de permisos en el mercado de hidrocarburos si consideran que estos atentan en contra de la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, sin definir cuáles pueden ser los causantes o lo que se tomará en cuenta para la realización de esta actividad.
Este es el punto más álgido de la iniciativa, según coinciden las fuentes consultadas, toda vez que no se detalla cuáles son los elementos que podrían tomarse en cuenta para proceder a la suspensión de un permiso y deja el actuar de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía en un limbo de discrecionalidad.
La reforma también abre otra posibilidad para la revocación de permisos de venta de combustible, si es que los permisionarios incurren en conductas de “posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización contrarias a derecho”. Respecto a esto, destaca la revocación de los permisos expedidos a los permisionarios que cometan algún delito relacionado con contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, cuando éste haya sido determinado por una autoridad competente.
Desde el inicio del sexenio, la administración federal ha implantado una serie de cambios para devolver participación de mercado a la estatal Pemex, como una pausa en la emisión de nuevos permisos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un freno a las importaciones de combustible y el regreso a la discrecionalidad de los precios en que la compañía nacional vende combustibles a otros comercializadores.
