Pese a estar bajo la lupa durante sexenios, ninguna administración ha demostrado la colusión entre los participantes, ni ha puesto en marcha una regulación efectiva para disminuir el poder de mercado de las empresas, ni sumar nuevos grandes participantes al sector.
Los especialistas reconocen a cinco grandes jugadores que, históricamente, han tenido una mayor relevancia en el mercado: Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza. Aunque algunas de estas empresas han vivido reestructuras recientes, que han llevado a la división de las compañías.
“Eso es un hecho (la concentración de pocos participantes), de ahí a que esa presencia territorial signifique un abuso o una colusión nadie lo ha podido probar. Es un poco el trabajo que tiene la Cofece, tiene que probar con una métrica, no es algo que se pueda acusar fácilmente, tampoco es algo que se pueda detectar de manera obvia”, dice Eduardo Prud’homme, exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el organismo que presentó hace unos días la metodología para fijar los precios máximos del combustible.
En un análisis publicado hace dos años, la Cofece halló que cinco grupos económicos, de los cuales no reveló su identidad, tenían una integración vertical. Es decir, participaban en más de una actividad en la cadena de suministro de gas: importación, comercialización, transporte, almacenamiento y distribución, lo que podría estar incentivando o facilitando alguna conducta anticompetitiva, como la fijación de precios o la negativa de acceso a infraestructura.
El documento del regulador antimonopolios se publicó un año después de que culminó la apertura del mercado resultante de la reforma energética. En 2016, comenzó con la apertura de las importaciones para grupos privados –hasta ese momento aún era exclusivo de Pemex- y finalizó en enero de 2017, con la liberalización de los precios de venta al público, después de que por 11 años fueron determinados por una segmentación geográfica del país en 145 regiones de precios máximos.
“Hay indicios, pero no tenemos certeza. El mercado ha cambiado mucho en los últimos años, sí ha habido inversión y si ha habido innovación”, dice Ana Lilia Moreno, investigadora y coordinadora del programa de competencia y regulación de México Evalúa.
El estudio de la Cofece reveló que hasta ese momento las modificaciones resultantes de la reforma de 2013, que planteó la introducción de un mercado abierto, no habían mostrado beneficios y halló que la participación de las principales empresas que llevaban a cabo la distribución del combustible –la última fase de la cadena de valor y la que involucra la interacción con el consumidor final– no había variado significativamente.
En 2015, las cinco empresas acumulaban el 48% de las ventas nacionales, para 2017 este porcentaje incrementó a 53%. Este último es el dato más reciente que ha dado a conocer el organismos antimonopolios. En una división de 145 regiones, el regulador encontró que sólo en 54 había presencia de más de dos de los principales competidores con poder de mercado y en los 91 restantes sólo operaba uno de los cinco grandes competidores.
La Cofece también aseveró que a nivel regional existe un grado de concentración alto entre quienes participan en las ventas del combustible. El organismo identificó como puntos con menos competencia entre compañías a Baja California Sur, Yucatán y algunas partes de la región del Pacífico.
Susana Cazorla, quien fuera coordinadora de actividades permisionadas de gas LP de la CRE durante el sexenio pasado, explica que aunque la concentración involucra a algunos grupos, actualmente hay cerca de 200 participantes que distribuyen el energético. “En América Latina nadie tiene tantos grupos como en México aunque las ventas nacionales se concentren en seis u ocho grupos”, dice. “No necesariamente que haya un número pequeño es malo, siempre y cuando no existan prácticas que impidan que haya más. No existen datos recientes sobre el comportamiento del mercado de venta al público".
