El 19 de octubre, la Corte dictaminó que es inconstitucional la prohibición para la importación, distribución y comercialización de vapeadores, esto después de que estableció un criterio al resolver una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas, es decir, cada una había adoptado resoluciones contradictorias, una a favor y otra en contra.
Tras la decisión de la Corte, se logró crear jurisprudenci, abriendo la puerta a que los jueces a nivel federal concedan amparos a las personas que se apeguen a este recurso legal para poder importar, distribuir y comercializar los dispositivos en México.
Tras la resolución, López Obrador dijo en su conferencia matutina que su gobierno buscaría otro mecanismo para frenar la venta de estos dispositivos electrónicos para fumadores. "La Secretaría de Salud sostiene que son dañinos y que no se debe de permitir su distribución y que no se se importen; y esa es la postura que tiene la Presidencia. Si la Corte tomó una decisión para permitirlo, nosotros tenemos que buscar otros mecanismos, tenemos otras formas para impedir que se afecte la salud", dijo el mandatario el 20 de octubre.
Las asociaciones han insistido en la importancia de regular el acceso a los dispositivos a menores de edad, que ahora pueden adquirir estos dispositivos en el mercado negro. Regularlo, calculan, podría generar una recaudación de impuestos cercana a los 2,000 millones de pesos, además de inversiones que podrían dar un impulso a la economía nacional.
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La regulación también permitiría a México tener una rebanada de un pastel de un mercado que tuvo un valor global de 15,040 millones de dólares en 2020 y que crecerá a una tasa anual compuesta de 28.1% hacia 2028, de acuerdo con previsiones de la consultora Grand View Research.
