“Si se aprueba en su forma actual, la iniciativa podría tener un efecto material adverso en nuestros negocios, condición financiera, resultados de operaciones, flujos de efectivo y/o perspectivas, nuestra capacidad para recuperar los valores en libros de nuestras inversiones en México y nuestra capacidad para operar las instalaciones existentes y desarrollar nuevos proyectos de energía en el país”, señaló la administración de la empresa en el reporte correspondiente al trimestre terminado en septiembre.
La empresa, coinciden analistas del sector, podría resultar como una de las más afectadas por el último cambio regulatorio que ha sido propuesto, debido al tamaño de su negocio. La oficina de comunicación de IEnova fue consultada, pero no ofreció comentarios.
IEnova tiene en su portafolio cinco parques eólicos y solares, y dos más en construcción, así como una central termoeléctrica en Baja California. En su reporte financiero, menciona la posibilidad de que al menos los permisos de tres de sus plantas sean cancelados.
La iniciativa de reforma plantea el cese de todas las autorizaciones para generación de electricidad que se han dado antes de la actual administración y desconoce el modelo de generación por autoabasto, que es utilizado, sobre todo, por clientes industriales. La propuesta busca su cancelación para implementar un modelo en el que la CFE compre la energía a los privados, bajo estándares que aún no están definidos.
“Se cancelarían los permisos de generación de electricidad y los contratos de venta de electricidad en el sector privado, que incluirían los permisos y contratos de las tres instalaciones de energía renovable de IEnova (Don Diego Solar, Border Solar y Ventika), así como las solicitudes de dichos permisos y contratos pendientes de resolución”, dice IEnova en el documento.
La empresa se ha mantenido lejana del discurso presidencial, pero ya ha sido afectada por otras medidas implementadas por la administración federal en materia de importación de combustibles, un aumento en las tarifas de porteo –el pago que hacen los privados a la CFE por el servicio de transmisión– y por los procesos de auditoría que ha implementado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en materia de importación y almacenamiento de combustibles. En su reporte, IEnova asegura que durante este proceso un fiscal ordenó la suspensión temporal de su terminal de almacenamiento de Puebla. “IEnova interpuso un juicio de amparo contra la clausura y ha presentado a la fiscalía pruebas del origen legal de los productos”, dice en el documento.
Hasta ahora la filial de Sempra Energy se ha mantenido como una de las empresas más activas en cuanto a nuevas inversiones durante el sexenio, que se ha caracterizado por poner un freno a los nuevos proyectos energéticos.
En diciembre pasado, la compañía recibió la aprobación regulatoria para un proyecto que busca exportar gas natural desde las cuencas de Estados Unidos al continente asiático desde su planta Costa Azul, en Baja California, y en junio de este año anunció el desarrollo de un proyecto de almacenamiento de energía renovable mediante baterías en el mismo estado, en sociedad con el IFC, una institución del Banco Mundial.
