El estimado de la compañía incluye la eliminación de las centrales “que operan en un esquema de autoabasto ilegal”, de acuerdo con el documento. La estatal no ha dado a conocer cuáles son todos los elementos a tomar en cuenta para determinar la legalidad de uno de estos permisos. Pero Mario Morales Vielmas, el director general de intermediación de contratos legados de la compañía, dijo hace unos días que 103 de los 233 contratos de autoabasto que tiene contabilizados la compañía serían considerados como ilegales.
“Los autoabastos legales mantienen su esquema de programa de despacho fijo y serán los primeros en ser despachados después de haber cubierto el 54% de CFE”, ha informado la compañía en una presentación. Así, estas centrales no solo dejarían de proveer energía de manera directa a algunas compañías, sino que serían tomadas en cuenta en el total del parque de generación y los grandes consumidores tendrían que recurrir a la CFE para cubrir su demanda.
Los contratos de este tipo incluyen centrales que funcionan con combustibles fósiles y energías limpias. De acuerdo con el estimado, las plantas de ciclo combinado –a base de gas natural– son las que tendrían una disminución mayor en su uso, caerían en alrededor de 60%.
La utilización de las plantas hidroeléctricas, bajo este tipo de contrato, bajarían en 53%, las termoeléctricas en 52% y las eólicas en 32%.
Las centrales. de autoabasto que funcionan a base de paneles fotovoltaicos son las únicas que experimentarían un crecimiento en su uso, de 19%, según el documento. La generación de este tipo pasaría de 2,174 a 2,600 gigawatts hora.
La figura fue creada en 1992 para cumplir con la demanda industrial de ese momento y que no podría ser cubierta por la estatal CFE. El modelo se basó en que las compañías privadas podrían tener su propia central eléctrica para uso propio. La reforma energética de 2013 decidió respetar esos contratos –algunos de ellos ya próximos a vencerse–, pero sin otorgar nuevos permisos bajo este modelo. La actual administración de la CFE ha asegurado que est e modelo se ha deformado y ha servido para que grandes compañías accedan a precios de generación más bajos que el resto de consumidores. En tanto, el sector privado ha defendido que ese modelo permitió al país atraer inversiones, crecer puestos de trabajo y lograr menores costos para consumidores.
Bajo este modelo operan empresas como Iberdrola, Mitsui, SAAVI, Naturgy, Mitsubishi, Abeinza y Enel, principalmente, y que en su mayoría han sido objeto de crítica por parte del gobierno federal.
Los Productores Independientes de Energía, otra figura que también ha sido criticada de manera constante durante el sexenio, sólo verían una baja de 3.6% en su generación. Las plantas eólicas, que producen bajo esta figura, producirían 92,500 gigawatts hora en 2024, en lugar de los 95,568 que produjeron en octubre pasado.
