(Expansión) - El diagnóstico sobre el sector eléctrico está hecho y ya se sabe que hay muchas cosas por componer. Sin embargo, las recetas del gobierno y de la IP están muy lejos de coincidir. Así, no hay manera de que la reforma en la materia pueda tener el aval de las partes y, por tanto, México se enfila a un oscuro capítulo para las inversiones, pero sobre todo para despertar su crecimiento económico.
Ésta es la historia de una batalla que (casi) está pérdida:
De acuerdo con la narrativa empresarial, la reforma eléctrica planteada por la llamada cuarta transformación es tan radical que ni siquiera se puede descafeinar y entonces tendría que desecharse en su totalidad. El sector privado ya ha dado muchos datos duros y no se observa que haya un cambio, aunque sea de matiz, en la postura del gobierno. El lobbying ha sido intenso pero, nada, el gobierno mantiene los puños cerrados.
Las formas podrán guardarse pero, en el fondo, la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador le ha cerrado las puertas al cabildeo y expresa su desprecio hacia los expertos en la materia. Por ejemplo, en este momento, y al margen de la buena relación que se ha sostenido en el tiempo, no hay ningún acercamiento de los secretarios de Estado con las empresas. El vacío es manifiesto.
Pero, también hay que decirlo, el acompañamiento de las diversas representaciones empresariales no ha sido del todo sólido. Para crear un frente común, el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial buscaron a American Chamber of Commerce of Mexico, la Cámara de Comercio del Canadá en México, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, entre otras representaciones extranjeras, para que emitieran públicamente sus posicionamientos sobre la reforma eléctrica y sus llamados no fructificaron.
La AmCham ha sido la más vocal, pero nada que altere conciencias. El CEEG solo ha sostenido reuniones privadas, aún y cuando representa a empresas vinculadas con el sector eléctrico. Algunas empresas han proporcionado datos de apoyo para quienes participan en el Parlamento Abierto, pero otras ni eso bajo el argumento de cuidar la confidencialidad de su información.
Los escenarios ya están trazados en caso de que pase la reforma eléctrica sin quitarle ninguna coma: recurrir a tribunales internacionales para tratar de echarla para atrás y, algo peor, afectar el flujo de inversiones y así perder los grados de oportunidad que el mundo está ofreciendo. Estamos al filo de la navaja.
La alarma ya está muy socializada. En las matrices de las empresas extranjeras no logran entender lo que está pasando en México, consideran que técnicamente la reforma no tiene pies ni cabeza, pero les resulta incomprensible que la política sea el factor de decisión. Por eso hay quienes confían en que, en algún momento, la razón vuelva, se imponga y esta papa caliente se enfríe.
Por lo pronto, si se aprobara como está, podríamos darles la bienvenida a los peores escenarios.
En el “mejor” de los casos, los inversionistas no se irían del país pero reducirían sus operaciones y no habría nuevas inversiones por la incertidumbre. Las empresas que se quieran quedar no podrán crecer, perderán competitividad y estarán sometidas a un administrador caro y contaminante.
La fuga de inversiones es otro de los escenarios. El alto costo del abasto energético provocaría que muchas empresas busquen mejores condiciones en otros mercados. La dificultad para cumplir con compromisos ambientales para 2030 es otro factor. Sí, es la tormenta perfecta para decir adiós, pero sobre todo estaríamos frente a una carambola no de tres, sino de cuatro, cinco bandas.
El mercado energético está atado a todos los sectores económicos, pues se necesita energía para operar todos los negocios. Por tanto, la reforma eléctrica planteada sentenciaría el crecimiento y la inversión de gran parte del sector productivo.
Así, el mix es absolutamente inconveniente, ya que si no aprovechamos las oportunidades que tenemos de reshoring, no respetamos nuestros tratados comerciales, desincentivamos la inversión en un momento en el que necesitamos que el país crezca, el futuro económico del país será de pronóstico reservado.
¿Hay una salida de emergencia? ¿Alguna posibilidad de que esta reforma no prospere? Una de las apuestas es alargar el debate y así esperar hasta después de la elección sobre la revocación de mandato. Quizá, con el tiempo, haya condiciones para generar los equilibrios frente a la voluntad presidencial.
¿Los milagros existen? En esta historia resulta difícil albergar esperanzas.
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Dos miradas adicionales:
1) Es posible que la culminación de esta reforma caiga sobre las espaldas del futuro presidente del CCE. La pregunta que habría que hacerse es si el sucesor de Carlos Salazar tomaría una postura crítica o respaldaría los términos de la reforma ya cocinada.
2) El nerviosismo de los inversionistas no solo se activa con la rudeza expresada por el gobierno federal; los gobiernos estatales y alcaldías también tienen lo suyo. Se sabe que, si no hay una buena relación con los políticos de los estados, cualquier proyecto corre el riesgo de ser detenido.
Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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