Sin embargo, la fuente precisó que aunque el nuevo crédito por parte del gobierno implique una suma considerable no le da facultad a ninguna secretaría del Estado para tomar el control de la compañía, esto porque ha trascendido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabaja un esquema para asumir el control de Altán Redes por el crédito que le inyectará el gobierno.
La fuente con conocimiento del tema aseguró que si el gobierno toma las riendas totales de Altán Redes en automático se convertirá en una empresa productiva del Estado como lo es CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
“Por supuesto que (los acreedores) quieren que invierta (el gobierno) pero en el contexto político que actualmente tenemos me parecería muy raro que los acreedores no se opusieran a una toma gerencial por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, aseguró la fuente que pidió el anonimato.
Expansión buscó a Altán Redes para saber su postura sobre la intervención del gobierno para continuar con su operación, pero a la publicación del texto no obtuvo respuesta.
Michel Hernández Tafoya, director general de Observatel, comentó que es positivo que la banca pública y la actual administración inyecten capital a Altán Redes para que pueda seguir operando, así como que Hacienda tenga injerencia en la Red Compartida porque eso puede generar un mayor control de gastos y sobre el modelo de la empresa para que cumpla su objetivo que es llevar conectividad.
La empresa de la Red Compartida en marzo de este año obtuvo la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para prorrogar el cumplimiento de cobertura del 92.2% rumbo para el 24 de enero de 2028, en vez de 2024 como estaba inicialmente previsto, debido a los problemas de liquidez que enfrenta la compañía que la llevaron a entrar a concurso mercantil.
“No creo que Hacienda vaya a tomar el control total de Altán pero sí va a tener mucho interés en garantizar la viabilidad financiera del proyecto porque es una institución que recauda y administra dinero y me parece que desde ese punto de vista. Cualquier control adicional puede ser saludable, porque al final con la flexibilidad con la que operó Altán parece que fue parte de la razones que llevaron a la empresa en una situación de problemas financieros”, aseguró el directivo de Observatel.
Por su parte, Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy Law, considera que sería un error que el gobierno, a través de una secretaría, tome el control de Altán Redes, porque no cuenta con el expertis y las inversiones que requiere una empresa de telecomunicaciones para que pueda operar y desplegar infraestructura.
Por ello, considera que se debería modificar el modelo de negocio de Altán Redes que le permita garantizarle una viabilidad financiera para posteriormente ser vendida a una empresa transnacional.
“Me parece un escándalo y un atentado contra el patrimonio de los mexicanos que se decidida subsidiar a una empresa que no tiene un modelo de negocio de recuperación y de viabilidad económica. Altán se merece demostrar que puede ser un buen negocio si se le modifica el régimen jurídico”, aseguró.
Actualmente, la empresa presidida por Salvador Álvarez se encuentra en una de las etapas más importantes del proceso legal: el reconocimiento de crédito de los 70 acreedores que actualmente tienen algún contrato con la compañía encargada de la Red Compartida. La empresa tiene una deuda que asciende a 17,000 millones de pesos.
Al cierre de 2021 Altán Redes logró conectar a cinco millones de usuarios; sin embargo, la cifra está por debajo del objetivo que la compañía preveía, pues estimaba dar cobertura a 19 millones personas.
