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Gobierno tendrá 61% de acciones de Altán; IFT descarta barreras a la competencia

La participación mayoritaria le dará derecho al gobierno de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de la empresa, que actualmente está sin presidente.
mar 21 junio 2022 03:55 PM
El gobierno federal decidió inyectar 161 millones de dólares a Altán para que la empresa pueda seguir operando y pueda continuar con su reestructura financiera.
El 39% restante de los derechos fideicomisarios los tendrán los accionistas de Altán.

La Banca Nacional de Desarrollo tendrá el 61% de los derechos fideicomisarios de Altán Redes, cuyo porcentaje disminuirá conforme el crédito se vaya pagando. El 39% restante de los derechos fideicomisarios los tendrán los accionistas de Altán.

La participación mayoritaria le dará derecho a nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de la empresa, que actualmente está sin presidente, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Esta asignación de derechos fideicomisarios se da luego de que en días pasados la Banca de Desarrollo dio un crédito de 161 millones de dólares a Altán para que la empresa pueda seguir operando y pueda continuar con su reestructura financiera.

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En un comunicado, el órgano regulador de las telecomunicaciones precisó que la entrada de capital a Altán no modifica la modalidad de Red Compartida mayorista y que se mantienen las obligaciones para garantizar la neutralidad competitiva y evitar la influencia en esta de cualquier otro proveedor de servicio de telecomunicaciones.

La semana pasada Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), aseguró que la toma del control de Altán Redes por parte del Estado Mexicano traerá problemas de competencia en el sector de telecomunicaciones, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede darle favoritismo a esta empresa para proyectos federales y en las entidades en donde actualmente tiene poder.

Pero el IFT asegura que con la entrada del gobierno federal a la empresa no se prevé que la concentración dé poder sustancial a la empresa, ni genere barreras a la competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México.

“No se advierte que la concentración atente contra el principio de que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la Red Compartida, obligación establecida en el título de concesión correspondiente”, advierte el IFT en un comunicado.

 
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