Hasta hace unos años, México no era la excepción. Con Aeronaves de México, el gobierno participaba en el negocio de transporte aéreo hasta la quiebra de la empresa, en 1988, como consecuencia de lo que, en su momento, fue producto del estallido de una huelga por parte de sus trabajadores. Eventualmente esta empresa sentaría las bases de lo que hoy es Aeroméxico.
A la fecha no se cuentan muchas aerolíneas que sean propiedad del gobierno en su totalidad. Un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que, cuando ocurre de esta manera, se trata de casos que conllevan pérdidas tan fuertes que no se puede atraer a inversionistas privados, o bien, porque se les asigna un rol como parte de objetivos de política pública, como el desarrollo de estrategias de conectividad nacionales.
Para ilustrar ambos casos, podemos voltear a Argentina y Colombia.
En Argentina, Aerolíneas Argentinas no ha sido precisamente un buen negocio. Tan sólo en 2021, la compañía de capital 100% estatal tuvo pérdidas por 438 millones de dólares, e incluso el expresidente Mauricio Macri aseguraba que le costaba al país alrededor de 700 millones de dólares al año.
Pese a ello, su presencia es importante. Aerolíneas Argentinas opera 38 rutas nacionales, de las que en 21 es el único operador. De manera similar, opera 45 rutas regionales en donde tiene la exclusividad en 30.
En el caso de Colombia, la historia ha sido relativamente distinta. En el caso de Sistema Aéreo a Territorios Nacionales (SATENA), el esquema se basa en operaciones regionales con alrededor de 90 rutas, de las cuales la mayoría cumple una función social. Hasta antes de la pandemia, la aerolínea había hilado cuatro años de ganancias; sin embargo, la crisis provocada por el covid-19 derivó en un rescate de aproximadamente 8,300 millones de dólares por parte del gobierno colombiano.
