Si bien, en ese momento, el Gobierno de México aseguró que la cancelación no implicaría ninguna afectación a las atribuciones, facultades y trabajos de la Secretaría de Economía en el sector, algunas opiniones no van en la misma línea.
“Necesitamos una autoridad minera más fuerte, con mayores recursos, que pueda regular y aplicar la ley, porque los problemas de la minería no son un tema de ley, son de administración”, asevera a petición de Expansión la abogada Karina Rodríguez Matus, experta en temas de minería, energía e infraestructura.
Además, la información sobre el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros (Fondo Minero) es escasa, puesto que no aparece en ningún documento del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023.
Este Fondo fue creado en 2013 y estaba compuesto por la recaudación del impuesto del 7.5% sobre la utilidad de las empresas mineras, teniendo por objetivo “elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera”, de acuerdo por lo mostrado por una página de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, actualizada por última vez el 4 de febrero de 2016.
Según el sitio, el monto del Fondo, determinado cada año por la Secretaría de Economía, a 2017, fue de 3,738,951,934 pesos, siendo éste el último año del que se muestra información.
“Finalmente fue reformado y actualmente lo administra la Secretaría de Educación Pública, entonces ya no cumple el objetivo primordial que era distribuir recursos en comunidades donde se llevan a cabo actividades mineras. De cierta forma, cambió su razón de ser”, asevera Rodríguez.
La situación no radica en si la minería paga impuestos o no, sino en que estos recursos se hagan efectivos en favor de las comunidades y el medio ambiente. De acuerdo con el Estudio de Carga Fiscal de la consultora internacional PriceWaterhouseCoopers (ECFPwC), la carga tributaria en México es mayor a la de Chile, Perú e incluso, Estados Unidos.
Además, en lo que va de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, no se ha entregado ni una nueva concesión minera, lo que no sucedería de contarse con una autoridad independiente en la materia. Al inicio de su gestión se encontraba concesionado para esta actividad el 10.64%, cifra que al día de hoy descendió a 8.59%, de acuerdo con la Secretaría de Economía.
“Cuando digo una autoridad minera fuerte me refiero a una autoridad que tenga recursos para emitir concesiones, gestar contratos, revisar el cumplimiento de obligaciones”, añade la también socia del despacho Rodríguez Matus & Feregrino.
Tras el colapso de una mina de carbón en Coahuila el año pasado, donde quedaron atrapados más de 10 trabajadores, el tema respecto a la seguridad de los trabajadores en estos complejos también tuvo un lugar en la mesa al momento de cuestionar si es necesaria una nueva Ley Minera o no.
La abogada subraya que, en estos casos, la dependencia encargada de revisar las condiciones de los trabajadores es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que, además de una autoridad exclusiva de este sector, también es necesario que los demás actores cumplan con sus actividades y obligaciones.
