La anterior administración proyectó una disminución de alrededor de 160,000 millones de pesos por la medida. La Secretaría de Hacienda aportaría una cantidad similar para crear un fideicomiso que después sirviera para cubrir las jubilaciones. Pero esa premisa se dio marcha atrás en el 2020 en una búsqueda por cumplir una de las promesas de campaña que hizo el presidente López Obrador al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), la principal organización de empleados de la estatal.
En la penúltima negociación –en 2020– el director de la estatal, Manuel Bartlett, acordó con el sindicato una vuelta a las condiciones anteriores por lo que en su momento calificó como “una instrucción presidencial”.
El saldo de la decisión fue un aumento acelerado del pasivo laboral. En el tercer trimestre de 2019 –antes de la negociación– la estatal acumulaba un pasivo de 329,600 millones de pesos, un año después, en el cuarto trimestre de 2020, esta cifra tocó su nivel máximo, según los registros, de 487,300 millones de pesos.
Durante el tercer trimestre de este año –el más reciente dato reportado– la CFE tenía un pasivo laboral de 431,500 millones de pesos. La cantidad resulta mayor a la deuda que tiene la compañía que está en alrededor de 415,000 millones de pesos, según el estado financiero del tercer trimestre del 2023. “No es que vaya a quebrar a la CFE, pero el pasivo laboral es uno de los lastres más grandes que tiene la compañía. CFE tiene finanzas sanas, pero aún así no puede permitirse tener un nivel de pasivos laborales de ese tamaño”, dice Oscar Ocampo, investigador del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Los trabajadores de la estatal reciben una pensión por encima que la de empleados de otros organismos o que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Datos de la Secretaría de Hacienda, recopilados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), indican que un empleado de la Comisión Federal de Electricidad recibe alrededor de 66,000 pesos como compensación mensual tras su retiro. En comparación, los primeros trabajadores de la generación Afore recibirán alrededor de 4,600 pesos mensuales.
La CFE tiene alrededor de 50,000 trabajadores jubilados. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) recopiló en un análisis –con datos a 2017, antes de la reforma priista– que un empleado de la CFE recibe una pensión 8.8 veces más alta que la de un pensionado que cotizó al IMSS.
Enrique Díaz-Infante, el director del Sector Financiero y Seguridad Social del CEEY, compara el caso de la CFE con el de la extinta Luz y Fuerza del Centro, el organismo que desapareció durante el sexenio de Felipe Calderón. La compañía fue extinguida porque los costos duplicaban los ingresos por ventas y el pasivo laboral –que 60% implicaba gastos en jubilaciones– crecía de manera acelerada.
Los trabajadores pensionados de Luz y Fuerza del Centro reciben una jubilación 11.3 veces más grande que alguien que cotizó al IMSS.
“Se tuvo que liquidar a Luz y Fuerza del Centro porque el pasivo pensionario ya era prácticamente insostenible. No digo que la historia de CFE vaya a ser similar, pero ese es un ejemplo de cómo puede terminar una compañía que tiene altos pasivos laborales”, dice Díaz-Infante, quien fue encargado jurídico de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. “Lo que se está haciendo ahora en el caso de CFE es quitar los recursos para la inversión y destinarlos hacia las pensiones. Eso afecta completamente la competitividad de la compañía.
Los datos del presupuesto de la Secretaría de Hacienda dictan que la CFE destinó más dinero en el rubro de pensiones que en inversión física durante el año pasado: la estatal tenía un presupuesto de 53,432 millones de pesos para el primer rubro y para el segundo 50,643 millones.
Alrededor del 10% del gasto que el Estado da a la estatal CFE es destinada al pago de jubilaciones.
