Desde el comienzo del sexenio, el presidente ha mostrado su desacuerdo con la tarea del regulador de las telecomunicaciones. En 2022, el ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, buscó fusionar al IFT, a la Cofece y a la Comisión Reguladora Energía en un solo Instituto. La iniciativa no avanzó.
Aunque no se había presentado, hasta ayer, ninguna otra iniciativa de manera formal, los señalamientos contra el IFT no han cesado. El Ejecutivo ha emprendido como frente de batalla el retraso de selección de tres comisionadas que faltan en el Pleno del Instituto desde 2020. El organismo requiere de siete funcionarios para tener un Pleno completo, pero solo opera con cuatro.
Ahora, con la nueva medida —que requerirá de la aprobación de una mayoría calificada en ambas cámaras— el Estado busca ser el ‘regulador’ de las telecomunicaciones a través de la SICT. La dependencia, a cargo de Jorge Nuño, tendría la facultad de elaborar y conducir las políticas del sector: delineará la regulación del mercado a través de medidas asimétricas, a las que empresas, como América Móvil, están sujetas, y entregar y delinear las contraprestaciones de concesiones de servicios y explotación de espectro, entre otras facultades.
El IFT ha calificado a la propuesta como un retroceso para las telecomunicaciones y para los usuarios, al señalar que eliminar al regulador "implicaría volver a un modelo que demostró tener serias limitaciones para lograr la entrada de más competidores, mayor certeza jurídica y asegurar piso parejo para que más mexicanos contaran con más servicios de telecomunicaciones a menor precio y con mayor calidad, así como con más estaciones de radio y televisión donde pudieran expresarse mayor diversidad de voces y opiniones".
El Instituto dijo que está abierto a participar en parlamentos abiertos o cualquier mecanismo de consulta que permita enfatizar el avance y resultados públicamente conocidos que el IFT ha logrado como órgano constitucional autónomo.
Mientras que especialistas consultados por este medio, que han considerado a la propuesta como política, ven un entorno de incertidumbre a nivel mercado y disputas internacionales si se aprueba la propuesta de reforma.
Una señal de incertidumbre
La operación del IFT es de naturaleza técnica más que política. Las disposiciones regulatorias que operan en el mercado de las telecomunicaciones y en radiodifusión son emitidas por perfiles especializados en ingeniería, economía, regulación y competencia económica.
Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones y líder del despacho Expanzione, consideró arriesgado que la SICT tome las facultades del IFT porque la dependencia no cuenta con un perfil técnico que pueda dar continuidad a la regulación asimétrica que impera en la telefonía móvil y el internet fijo.
Sin la especialización de la SICT, el mercado de las telecomunicaciones podría experimentar un retroceso en términos de competencia efectiva que aún se lidia en la industria de la telefonía móvil con un competidor que concentra participación de mercado, de ingresos e infraestructura. Esto podría traducirse en poca motivación para la inversión por parte de las compañías.
Las medidas regulatorias aplicadas al mercado de telecomunicaciones han comenzado a dar resultados, aunque de manera paulatina. Telmex, una empresa subsidiaria de América Móvil, el operador preponderante del sector, ostentó 38.6% de la participación de mercado del servicio de internet, de acuerdo con información a junio de 2023, lo que significa una pérdida de 13.9 puntos porcentuales en los últimos cinco años, según datos del IFT.
Además, los servicios de telecomunicaciones como internet y telefonía han disminuido al menos 31.5% entre junio de 2013 y junio de 2023, como detallan los reportes del propio regulador.
“Hace cuatro años desaparecieron a la Subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la entonces SCT, la única área que tenía especialidad en telecomunicaciones, sin ella cómo van a garantizar que permanezca el dinamismo de la industria”, cuestionó Moreno Loza.
Fernando Borjón, excomisionado del IFT, dijo que otro de los retrocesos que podría experimentar la industria es el otorgamiento de concesiones para radio y televisión, ya que hasta antes del nacimiento del IFT, en 2013, el Estado sólo había entregado un permiso para estos medios en los 90 y ahora ‘existe una gran variedad de canales y frecuencias públicas’.
“Es lamentable que el gobierno haya dejado un lado los avances que ha tenido la industria de las telecomunicaciones en términos de competencia y de entrega de concesiones para radio y televisión y sólo argumentara el tema de la carga financiera de los órganos autónomos”.
Problemas internacionales
De aprobarse la iniciativa que elimina al IFT como organismo autónomo, México entraría en problemas internacionales. Los especialistas han explicado que en términos de acuerdos con naciones como Estados Unidos y Canadá, a través del T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría faltando a los artículos 17 y 18 del Tratado Comercial que establecen la operación de un ente regulador para que pueda emitir resoluciones sin presiones políticas.
Además, el país podría entrar en problemas con acuerdos que ha sostenido con organismos, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para delinear políticas regulatorias y de precios de espectro a nivel internacional.
A nivel internacional, la figura de un regulador de telecomunicaciones es vista como un elemento de certidumbre en competencia y respeto de las inversiones, por ello, la desaparición del IFT podría marcar un retroceso en la certidumbre para las compañías.
“El gobierno no ha entendido que la creación de los entes autónomos no es porque seamos neoliberales sino porque son acuerdos que tuvimos que hacer para formar parte de organismos internacionales y para ser más competitivos y es lamentable que ahora todo lo que se ha ganado puede dar marcha atrás”, lamentó Moreno Loza.
