Calificadoras, analistas y especialistas coinciden en que la viabilidad de Pemex no depende únicamente de apoyos financieros, sino de un rediseño profundo de su modelo de operación, financiamiento y gobernanza.
Pero hoy, señala Jesús Carrillo, experto en temas de energía, no hay una novedad mayor sobre la operación o sobre la administración de Pemex. "Eso me hace pensar que hay que tomar con cautela este anuncio, porque no será tan fácil revertir la situación de la empresa simplemente con nuevos vehículos financieros”, señaló.
“De largo plazo no se solucionan los problemas operativos de la empresa”, añadió Carrillo en entrevista con Expansión, al advertir que la inyección de recursos sin ajustes estructurales difícilmente cambiará el rumbo de la petrolera.
Las experiencias internacionales ofrecen referentes. Una de las más citadas es la de Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, que también atravesó una crisis financiera y operativa de gran escala, marcada por deudas elevadas, caída en la producción y problemas de gestión.
El giro brasileño
Petrobras fue fundada en 1953, durante el gobierno de Getúlio Vargas, y operó durante décadas bajo un esquema de control monopólico. Sin embargo, hacia la década de los noventa, el deterioro de su producción y sus pasivos obligaron a replantear el modelo. En 1997, bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, Brasil aprobó una reforma que abrió la participación del capital privado en la empresa.
Esa apertura no implicó una privatización total, sino un cambio en la estructura de incentivos y responsabilidades. El Estado brasileño mantuvo el control, pero permitió que inversionistas privados absorbieran parte relevante de los costos de inversión y de las actividades de mayor riesgo, particularmente en exploración y desarrollo.
Actualmente, el gobierno de Brasil controla 29% de las acciones con derecho a voto de Petrobras. A ello se suma la participación del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social y del Fondo Soberano de Brasil, que concentran otro 8%, lo que da un control gubernamental total de 37%.