Operadoras amenazan restringir recargas telefónicas para acelerar el registro de líneas

Restricciones anticipadas como mecanismo de presión

En algunos casos, las empresas están enviando mensajes de texto para advertir a los usuarios que deben registrar su número, incluso cuando aún disponen de semanas o meses para hacerlo. En otros, la estrategia es más directa: se restringe el servicio de llamadas o se bloquea el acceso a datos móviles sin previo aviso.

“Sabemos que en medio de los tiempos que se acordaron para que las personas puedan registrarse, los operadores ya no dejarán realizar recargas, y aunque se cuente con saldo, no podrá ser usado porque simplemente no se podrá descargar datos”, aseguró un trabajador de un Centro de Atención a Clientes de AT&T.

La misma dinámica ya se observa en otras compañías. “Es recomendable que hagan el registro lo antes posible porque hay muchos usuarios a los que ya les suspendieron las líneas, y a otros es posible que en el mediano plazo cuando realicen llamadas sonará la grabación de este número que está marcando es incorrecto”, reveló una trabajadora de un Centro de Atención de Movistar.

Esta política no es un hecho aislado. Una fuente del sector corroboró a Expansión que, al interior de la industria, ya se discute la aplicación de estas restricciones como mecanismo para acelerar el cumplimiento del registro, ante el rezago que enfrentan las empresas frente al calendario oficial.

El impacto potencial es amplio. La estrategia afectaría a 131.6 millones de personas, equivalentes al 83.2% de los usuarios móviles en México, que forman parte del segmento de prepago, el más sensible a cualquier interrupción del servicio por su dependencia de recargas frecuentes y conectividad inmediata.

Un calendario imposible y millones de líneas pendientes

Hasta ahora, la mayoría de los usuarios ha optado por postergar su registro. Las razones van desde la saturación de las plataformas digitales de las empresas hasta la desconfianza generada por incidentes de filtración de datos sensibles durante la primera semana de implementación de la nueva política.

El desfase entre lo que marca la norma y lo que ocurre en la práctica es evidente. El Registro de Telefonía establece un plazo de 172 días —del 9 de enero al 30 de junio— para que los usuarios completen el trámite, sin que en teoría deban enfrentar sanciones o suspensiones durante ese periodo.

Las cifras oficiales dimensionan el reto. En la primera semana de implementación, José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que solo 2.1 millones de mexicanos vincularon su número a su identidad, de un universo de 158 millones de líneas móviles activas en el país.

A ese ritmo, completar el proceso tomaría alrededor de un año y cinco meses. Sin embargo, el calendario regulatorio obliga a Telcel, AT&T, Telefónica y a los Operadores Móviles Virtuales a registrar, en conjunto, cerca de 923,977 líneas diarias para cumplir con el plazo establecido.

La presión operativa ha encendido alertas entre especialistas. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), advirtió que la suspensión del servicio a usuarios que no registren su línea constituye una medida excesivamente drástica, al condicionar el acceso a la conectividad a criterios de seguridad.

Si bien reconoció la relevancia de los objetivos de seguridad, cuestionó que estos se coloquen por encima de otros derechos fundamentales habilitados por la tecnología. “Los derechos son interdependientes y tienen el mismo valor, por lo que ninguno debería imponerse sobre los demás”, dijo.

El registro telefónico avanza así en medio de una tensión creciente entre los tiempos fijados por la regulación, la capacidad real de los operadores para procesar millones de líneas y el impacto directo en los usuarios, especialmente en el segmento de prepago.

Mientras el reloj avanza hacia el 30 de junio, las restricciones anticipadas plantean dudas sobre la proporcionalidad de la medida y abren el debate sobre si el objetivo de seguridad justifica limitar el acceso a un servicio que hoy se ha vuelto indispensable para la vida cotidiana.