Autoridad antimonopolio aclara qué cambia para las tortillerías tras caso Gruma

Tras la resolución de la autoridad antimonopolio, Gruma deberá eliminar de forma inmediata esas prácticas, modificar contratos y transferir la propiedad de miles de máquinas a las tortillerías.

La comisión supervisará el cumplimiento durante los próximos diez años. Sobre qué se encontró, qué cambia y qué se puede esperar, habla Andrea Marbán, presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Expansión (E): ¿Qué problema encontró la Comisión en el mercado de la harina de maíz?

Andrea Marbán (AM): Encontramos que había muy pocas condiciones de competencia en el mercado de la harina de maíz. Lo que detectamos es que Gruma llevaba a cabo diversas estrategias comerciales para asegurar que las tortillerías le compraran exclusivamente a ella la harina.

Estas estrategias no eran excepcionales, sino que estaban ampliamente extendidas. En la práctica, esto hacía que muchas tortillerías no tuvieran una libertad real para decidir a quién comprarle su principal insumo.

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E: ¿Por qué este tema no es solo de empresas, sino de algo que termina afectando a los mexicanos?

AM: Porque la tortilla es un producto básico en la alimentación de los mexicanos. Más de la mitad de los hogares compra tortillas en tortillerías y el gasto promedio ronda los 900 pesos trimestrales por familia.

Cuando las tortillerías no pueden elegir libremente a sus proveedores, eso impacta sus costos, sus márgenes y su capacidad de competir. Al final, esas restricciones pueden trasladarse al consumidor, ya sea en precio, en calidad o en la viabilidad del negocio.

E: ¿Cómo se dieron cuenta de que operaban los contratos que ataban a las tortillerías a un solo proveedor?

AM: La investigación implicó revisar contratos, esquemas de financiamiento, préstamos de maquinaria y condiciones comerciales. Encontramos que se prestaban o rentaban máquinas tortilleras a cambio de exclusividades o de compromisos de consumo mínimo.

Son máquinas cuyo valor en el mercado ronda los 300,000 pesos, por lo que no es un incentivo menor. Para una tortillería pequeña, recibir una máquina así condiciona por completo su relación comercial, porque aceptar el equipo significaba comprometerse a comprar únicamente la harina de ese proveedor.

E: Para alguien que no conoce el negocio, ¿por qué una cláusula de exclusividad o de consumo mínimo es un problema?

AM: Una cláusula de exclusividad no es ilegal por sí misma. El problema surge cuando quien la impone tiene una posición dominante en el mercado. En ese contexto, la tortillería no tiene opciones reales para decir que no.

Si existieran muchos proveedores con condiciones similares, la exclusividad no tendría el mismo efecto. Pero cuando una sola empresa concentra una parte muy relevante del mercado, esas cláusulas eliminan la competencia y bloquean la entrada o crecimiento de otros jugadores.

E: Con esta resolución, ¿a partir de cuándo las tortillerías ya pueden cambiar de proveedor sin pagar penalizaciones?

AM: Las medidas son inmediatas. Desde la resolución, estas prácticas deben eliminarse por completo. Gruma tiene un plazo de seis meses para modificar todos los contratos vigentes y eliminar cualquier condición de exclusividad o consumo mínimo.

Además, existe un plazo de hasta nueve meses para transferir la propiedad de las máquinas que estaban prestadas. En el caso de las máquinas rentadas, las tortillerías pueden terminar anticipadamente el contrato o adquirirlas a un valor depreciado que será revisado y validado por la Comisión.

E: ¿Qué impacto real tendrá esta resolución para Gruma?

AM: Calculamos que entre 30 y 40% de las tortillerías que hoy compran harina a Gruma verán modificadas las condiciones bajo las cuales operan. Esto no significa que todas vayan a cambiar de proveedor, pero sí que tendrán la libertad real de hacerlo.

El objetivo no es quitarle mercado a una empresa, sino abrir la puerta a que exista competencia efectiva. Gruma podrá seguir compitiendo, pero ahora tendrá que hacerlo en precio, calidad y condiciones comerciales, no mediante ataduras contractuales.

E: Cuando la comisión dice que las tortillerías van a reducir costos, ¿de qué costos estamos hablando? ¿Esto significa que el precio de la tortilla va a bajar?

AM: Hablamos de varios costos. Primero, las tortillerías recibirán activos que antes no eran suyos, como las máquinas. Eso ya representa un beneficio económico directo.

También tendrán la libertad de comparar proveedores y negociar mejores condiciones de compra de harina. No podemos afirmar que el precio de la tortilla va a bajar automáticamente, porque influyen muchos factores, pero sí se generan condiciones para que haya competencia en precio y calidad.

E: La empresa dio a conocer que nunca buscó amarrar de forma indebida a los tortilleros. ¿Cómo interpreta la autoridad ese argumento a la luz de la investigación?

AM: Nosotros analizamos los efectos de las prácticas, no solo la intención declarada. La investigación mostró que estas estrategias tenían el efecto de limitar la competencia y de reducir significativamente la libertad de elección de las tortillerías.

Independientemente de cómo se presenten, cuando las prácticas producen efectos anticompetitivos y quien las implementa tiene poder de mercado, la autoridad tiene que intervenir.

E: Gruma también dio a conocer que no habrá venta de sus plantas. ¿Por qué la Comisión consideró suficiente modificar contratos sin desincorporar activos?

AM: Consideramos que las medidas estructurales y conductuales impuestas son suficientes para modificar las condiciones de competencia en el mercado. La eliminación de exclusividades, la cesión de maquinaria y el monitoreo constante generan un cambio relevante.

Eso no significa que dejemos de vigilar. El cumplimiento será supervisado durante diez años, con reportes periódicos y facultades de verificación por parte de la Comisión.

E: ¿Cómo va a vigilar la Comisión que estos cambios sí se cumplan y no se queden en el papel?

AM: Habrá un esquema de monitoreo continuo. Se revisarán contratos, se verificarán las condiciones comerciales y se recibirán reportes periódicos por parte de la empresa.

Habrá un esquema de vigilancia continua. Durante los primeros cinco años, la Comisión dará seguimiento puntual mediante reportes periódicos, revisión de contratos y labores de verificación directa para asegurar que las medidas se estén cumpliendo en la práctica.

El monitoreo es hasta por diez años, dependiendo de cómo evolucione el mercado y del cumplimiento observado. Durante todo ese periodo, se mantendrán canales abiertos para que las tortillerías puedan reportar presiones, incumplimientos o intentos de mantener prácticas prohibidas, lo que permitirá a la Comisión intervenir de inmediato si es necesario.

E: Si dentro de algunos meses las tortillerías siguen sintiendo presión para no cambiar de proveedor, ¿qué pasaría?

AM: Si se detecta incumplimiento, hay consecuencias legales. La Comisión puede imponer sanciones y tomar medidas adicionales. La idea es que las tortillerías tengan la certeza de que pueden ejercer su libertad de elección sin represalias y que la competencia se dé en condiciones reales.