Entre amparos y control; el gobierno libera los precios y dos días después retoma el tope al gas LP

Sin embargo, a primera hora del miércoles 21 de enero, el mismo regulador publicó una nueva metodología tarifaria para topar nuevamente los precios como una medida de contención para proteger a la población de la volatilidad de precios, puntualmente para ​​establecer y determinar los precios máximos de venta del gas en la realización de las actividades de comercialización, distribución y expendio al público.

Esto quiere decir que para todas esas personas que compran gas LP, en tanques o cilindros para sus hogares, comercios o negocios, el precio máximo al que podrán adquirir el energético seguirá siendo determinado por el gobierno y no por las empresas y que será definido de manera semanal y publicado cada sábado.

Liberación de un día

El acuerdo publicado el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contemplaba la liberación de precios como parte de un cumplimiento a la orden judicial tras múltiples amparos promovidos por empresas permisionarias del sector del gas LP, y las medidas tuvieron que aplicarse con efectos generales para todos a fin de no propiciar una distorsión en el mercado.

“Diversas personas permisionarias del sector de gas licuado de petróleo promovieron diversos juicios de amparo en los cuales se dictaron diversas sentencias ejecutorias en las que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los promoventes, para el efecto de que se dejara insubsistente el acuerdo A/023/2022, únicamente respecto de las actividades de comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo, en modalidad de: a) bodegas de expendio, b) estaciones de servicio con fin específico y c) estaciones de servicio multimodal”, señala la publicación del DOF.

De manera real, la liberación del precio solo aplicó el miércoles para las actividades de expendio y comercialización, pero ya de manera efectiva no se observó un cambio en los precios, porque no hubo un tiempo para hacer los ajustes en el mercado cuando ya se tenía la nueva metodología, explicó Beatriz Marcelino, CEO de Grupo Ciita.

De vuelta al tope

El segundo acuerdo publicado en el miércoles, establece que la nueva metodología de determinación de precios máximos de gas LP para venta al usuario final es aplicable a los permisionarios que realizan las actividades de distribución mediante planta de distribución; distribución por medio de auto-tanque; distribución mediante vehículos de reparto; comercialización; expendio al público en sus modalidades de: estaciones de servicio con fin específico y estaciones de servicio multimodal.

La Comisión justificó la medida bajo la necesidad de implementar la política de precios máximos en las 220 regiones del país, a fin de evitar distorsiones en los márgenes de comercialización y asegurar condiciones equitativas de acceso al combustible y proteger la economía de las familias mexicanas.

“La presente medida se emite en cumplimiento de la obligación del estado de garantizar el bienestar colectivo, promoviendo el acceso asequible a un energético de consumo básico y contribuyendo a que los hogares puedan destinar el ahorro generado al consumo de otros bienes esenciales de la canasta básica”, apunta la CNE.

Con la nueva metodología aplicada se contempla una nueva tarifa en la que se modificó una variable que es el margen de comercialización por un margen de operación, en que se asegura que se reconocen los costos y gastos de los permisionarios para poder suministrar al usuario final y una utilidad asociada a la operación.

Los precios máximos de venta al público deben seguirse actualizándose cada semana, y en caso de que no lo hagan, los permisionarios serán sancionados.

Con el cambio de las variables de comercialización a operación, se considera que se reconocerán todos los gastos operativos, sin embargo, los precios publicados el sábado pasado reflejaron márgenes similares con los que veía operando el sector en los últimos meses, comentó Marcelino.

En promedio, para la zona centro del país, se tiene un margen de 2.80 pesos por litro; pero para otras regiones el margen se reduce porque los costos de llevar la molécula son mayores, como para en las zonas del sur del país y la península de Baja California, donde está en menos de 2 pesos por litro.

En agosto del año pasado, la Secretaría de Energía, la CNE y representantes de sector gaselepero, anunciaron que se llegó a un acuerdo con en el que se garantizaría, a través de la tarifa, un margen comercial de 6.50 pesos por kilo y de 3.51 por litro; el cual no se está cumpliendo para todas las regiones del país, donde para algunas la brecha es más grande que en otras.

¿Por qué toparon el precio del gas LP?

En 2021, el gobierno determinó que se establecería un control de precios en todas las actividades, desde comercialización, distribución, estaciones de servicio con fines específicos y reparto al público final, aunque la extinta Ley de Hidrocarburos no lo permitía, comentó Susana Cazorla, socia fundadora de SICEnergy.

La única excepción era en caso de no existir competencia efectiva en la actividad de distribución, no en los lugares de expendio ni la comercialización, y esa medida no respetada según lo establecido por la ley, fue lo que originó la ola de amparos contra la medida.

La medida surgió en julio del 2021, la CRE estableció una directriz de emergencia para topar los precios del gas LP de venta al público, con la finalidad de controlar el alza del combustible.

En dicho año, se empezó a registrar un incremento considerable en los precios del gas LP, tanto por kilo como por litro, lo que empezó a impactar en la economía de los hogares. Dicha directriz de emergencia estuvo vigente un año, y para julio del 2022 se convirtió en una medida permanente a través de disposiciones administrativas de carácter general.

“El gobierno en 2021, sin respetar lo que decía la ley, saca el control de precios y controla toda las actividades, hubo quienes se ampararon y ganaron porque la ley anterior no permitía el control de precios de actividades más allá de la distribución. Pero las autoridades tardaron mucho en obedecer esa resolución del Poder Judicial hasta el martes pasado que publicaron dicho acuerdo”, explicó Cazorla.

No obstante, al día siguiente se emitió el nuevo acuerdo de control de precios, pues la nueva metodología establecida en la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos, publicada en marzo del 2025, ya permite controlar los precios de cualquier actividad. “Todo lo del martes solo fue para cumplir con el mandato del poder judicial”, añadió.

Los precios topados de gas LP han generado múltiples inconformidades en el sector desde su aplicación en 2021, lo que llevó a las autoridades a hacer múltiples mesas de diálogo en las que se ha ido negociando el ajuste de márgenes operativos de las empresas y se ha incrementado de manera gradual, aunque no de la manera esperada o suficiente según lo que solicitan las empresas.

Finalmente, como parte de la estrategia para combatir los altos precios del gas LP y luego de establecer precios máximos, el gobierno federal creó –a través de Pemex– la empresa Gas Bienestar, cuyo fin sería el de comercializar cilindros de gas en los hogares de zonas de bajos ingresos, a precios menores que los que se ofrecen los camiones de reparto.

Dicho esquema no ha prosperado como se prometía, el reparto de cilindros se concentra solo en las alcaldías Tláhuac, Álvaro Obregón, Iztacalco, Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Xochimilco y Azcapotzalco, y para ser beneficiario se debe llamar a las mesas de ayuda de Gas Bienestar para solicitar un tanque o su renovación en caso de ya contar con uno.

Para la semana del 25 al 31 de enero, el precio del cilindro será de 380 pesos para 20 kilos, 570 pesos para 20 kilos. En caso de solicitar por primera vez el cilindro con una carga, el costo es de 2,250 pesos por el de 20 kilos y 2,810 pesos por el de 30 kilos.