Contexto del tope
En julio del 2021, la CRE estableció una directriz de emergencia para topar los precios del gas LP de venta al público, con la finalidad de controlar el alza del combustible.
En dicho año, se empezó a registrar un incremento considerable en los precios del gas LP, tanto en kilo como en litro, lo que empezó a impactar en la economía de los hogares.
Dicha directriz de emergencia estuvo vigente un año, y para julio del 2022 se convirtió en una medida permanente a través de disposiciones administrativas de carácter general.
La medida provocó inconformidades dentro del sector, desde las empresas, permisionarios, y hasta comisionados, pues consideraban que el tope de precios los dejaba sin un margen operativo suficiente que les permitiera cubrir sus costos, salarios y mantenimientos, en detrimento de sus operaciones.
Eso originó que en varias ocasiones se realizaran manifestaciones, paros y protestas, con la finalidad de generar mesas de diálogo con las autoridades para negociar ajustes en las metodologías que establecen los precios máximos.