Regulador da revés a amparos y vuelve a topar precios del gas LP

La finalidad es establecer nuevamente un precio máximo de venta de manera semanal, a fin de evitar que las variables de los precios internacionales del energético se vean directamente reflejadas en el precio y a su vez en el bolsillo de los mexicanos o de actividades económicas prioritarias, pues al menos el 90% de la población lo utiliza como su principal y/o único energético en sus hogares.

Expansión publicó ayer sobre el acuerdo que liberaba el mercado de precios como resultado de amparos que habían promovido los permisionarios en contra de la metodología que calculaba los costos, argumentando ante la autoridad judicial que la metodología establecida en julio de 2022 no representaba todas las necesidades del sector, lo que no se traducía en un margen suficiente para garantizar sus operaciones.

“Diversas personas permisionarias del sector de gas licuado de petróleo promovieron diversos juicios de amparo en los cuales se dictaron diversas sentencias ejecutorias en las que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los promoventes, para el efecto de que se dejara insubsistente el acuerdo A/023/2022, únicamente respecto de las actividades de comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo, en modalidad de: a) bodegas de expendio, b) estaciones de servicio con fin específico y c) estaciones de servicio multimodal”, señala la publicación del DOF publicada ayer.

Los efectos de esos juicios de amparos se aplicaron con efectos generales con la intención de no generar una asimetría en el mercado del gas LP y afectaciones a los usuarios.

Un día le tomó al regulador publicar una nueva metodología de precios, pues los amparos que liberaron por un día al sector era particularmente en contra de la metodología.

La nueva fórmula tarifaria expone que ahora se tendrá un reconocimiento del margen operativo, aunque el reflejo de todos los ajustes, y si eso permite dejar un monto suficiente para que las empresas puedan operar.

La justificación de la CNE para volver a implementar el control de precios es la protección al usuario final de los precios volátiles del sector, así como una manera de controlar la inflación.

“Que la ausencia de regulación en precios máximos podría impactar negativamente en el bienestar social y económico, como se evidenció durante el proceso de liberalización de precios de 2017, cuando los incrementos al consumidor final no guardaron relación directa con los costos internacionales, ni con los precios de venta de Petróleos Mexicanos, lo que justificó la implementación de mecanismos regulatorios que promovieran condiciones de competencia efectiva y estabilidad de precios”, argumentó el regulador.

Según sus considerados, entre agosto del 2021 y hasta jel 31 de julio de 2025, el control de precios ha generado un ahorro estimado de aproximadamente 89 mil millones de pesos.