Las asociaciones del sector destacaron que la minería formal aporta bienestar económico y desarrollo social a más de 696 comunidades en el país, por lo que rechazaron categóricamente cualquier acusación de vínculos con la delincuencia organizada.
“Hemos sido víctimas de la misma, tanto mineros como trabajadores, habitantes de comunidades, periodistas y contratistas, por lo que hacemos un nuevo llamado para mejorar las condiciones de seguridad en las regiones mineras”, señalaron.
Asimismo, indicaron que mantienen una relación permanente de colaboración con las autoridades y reiteraron su total disposición para contribuir con las investigaciones correspondientes.
Finalmente, el sector minero subrayó la necesidad de contar con condiciones de seguridad para el desarrollo de su actividad y advirtió que la violencia y la impunidad no pueden normalizarse ni aceptarse como parte del entorno operativo de ningún sector productivo.