Registro móvil tropieza en comunidades indígenas, pese a incentivos de Altán

La resistencia a entregar datos oficiales no solo se evidencia en las ciudades más densificadas, sino también en poblaciones indígenas. Erick Huerta, coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., que acompaña a Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C), reconoció que esta situación se vive con los casi 5,000 usuarios que tienen entre TIC y Wiki Katat, un Operador Móvil Virtual (OMV) que opera principalmente en la Sierra Norte de Puebla y el sur de Veracruz como una iniciativa de la cooperativa indígena Tosepan

Los clientes de los operadores han evitado registrar sus líneas, pese a los incentivos anunciados por Altán, la red mayorista con la que operan TIC y Wiki Katat. La reticencia obedece a la desconfianza que genera entre la población la creación de un padrón de telefonía alimentado con datos oficiales.

“Hemos tenido muy pocos registros a pesar de que Altán avisa a las personas en SMS que si se registran van a tener más megas, pero las personas no lo hacen”, aseguró Huerta en entrevista.

TIC A.C y Wiki Katat brindan servicios móviles a colectivos y organizaciones civiles que, en muchos casos, participan en la defensa del territorio y han enfrentado procesos de persecución, por lo cual la centralización de la información personal podría convertirse en una herramienta de persecución más que de protección.

Estas preocupaciones se inscriben en un contexto nacional marcado por prácticas de vigilancia y violencia contra defensores de derechos humanos. México ha sido señalado por el uso de sistemas de espionaje como el software israelí Pegasus para vigilar a activistas, periodistas y defensores, mientras que la violencia contra quienes protegen el medio ambiente y el territorio continúa en aumento.

Tan solo en 2024, los asesinatos de defensores ambientales crecieron 25%, al registrarse 25 homicidios, cinco más que en 2023, colocándose como la segunda cifra más alta de la última década. Además, esta situación ubicó al país como la tercera nación más peligrosa para la defensa del medio ambiente a nivel mundial, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Un proceso complejo

Otro de los factores que desincentivan a la población a vincular su línea es la complejidad del proceso de registro. Para asociar un número con una identidad, el usuario debe tomar fotografías destinadas a la captura de datos biométricos, pero este paso suele ser el más problemático, ya que la mayoría de las personas no logra completarlo.

Los intentos reiterados terminan por frustrar a los usuarios, que en muchos casos optan por abandonar el trámite. Con los grandes operadores, el problema puede resolverse acudiendo a un Centro de Atención al Cliente; sin embargo, operadores como Wiki Katat carecen de este tipo de ecosistema. Además, cada intento fallido implica costos adicionales para las compañías, pues en cada proceso de vinculación deben pagar a Altán por el uso de su plataforma.

Huerta explicó que los problemas para registrarse se deben a que el regulador no dio tiempo suficiente para aplicar pruebas en la plataforma y así conocer mejor su funcionamiento. Los operadores tuvieron solo 30 días para crear y poner en operación los sitios del padrón de telefonía.

“Esto se traduce en que los usuarios que intentan registrarse no puedan hacerlo y ya no quieran retomarlo después, además representa un gasto extra para los operadores. Aunque Altán aún no nos envía las facturas de los registros y las altas fallidas por los pocos usuarios que se han registrado, pero llegarán”, dice Huerta.

La nueva política de registro móvil no se detendrá ni contará con una prórroga. Para el coordinador de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, una posible solución sería ampliar las estrategias de comunicación para despejar las dudas de los ciudadanos, que aún temen un uso indebido de sus datos.

De no hacerlo, el resultado podría traducirse en una desconexión masiva del servicio, lo que vulneraría el derecho a la conectividad y afectaría el sustento de comunidades indígenas que invierten estos recursos en mejorar sus condiciones de vida.