Recientemente, las empresas tuvieron que implementar una nueva plataforma para que los usuarios corroboren el número de líneas que están vinculadas a su identidad, un proceso que también fue ejecutado de manera precipitada.
Pese a que el sector móvil ha solicitado en reiteradas ocasiones una prórroga para ampliar el plazo de registro, el nuevo regulador se ha mostrado reticente a concederla. A estas peticiones se han sumado amparos promovidos por ciudadanos que buscan suspender la obligación.
La nueva política, que podría afectar en el mediano plazo el derecho de los ciudadanos a la conectividad, también ejerce presión sobre las finanzas de empresas como Telefónica, que ha tenido que destinar capital adicional para cumplir con la disposición regulatoria.
Al respecto, Natalia Guerra señaló que, si bien la compañía no prevé trasladar estos costos al consumidor, sí será necesario reforzar una estrategia interna basada en la disciplina financiera, sin ofrecer mayores detalles.
“Todo este proceso podría impactar nuestras ventas, ya que representa un requisito adicional al que ya formaba parte de nuestra actividad comercial”, añadió la directiva.
Con un avance que dista de la meta y un calendario que corre contrarreloj, el registro telefónico se perfila como uno de los mayores retos regulatorios para la industria y para millones de usuarios.
Si la tendencia actual se mantiene, el país podría enfrentar un escenario en el que una proporción significativa de líneas quede fuera de operación al vencerse el plazo, abriendo un debate no solo sobre la viabilidad técnica de la medida, sino también sobre su impacto en el derecho a la conectividad y en la confianza de los ciudadanos frente a las nuevas obligaciones impuestas por la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones.
