La polémica por los datos biométricos
La situación contrasta con la de los grandes operadores de telecomunicaciones, cuyos clientes pueden acudir a centros de atención física para recibir apoyo. Los OMV comunitarios carecen de esta infraestructura, por lo que dependen casi por completo de canales digitales para completar la vinculación.
Ante este escenario, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias solicitó a la CRT eliminar el requisito de la prueba de vida para agilizar el proceso y evitar afectaciones a sus usuarios.
La petición se sustenta en que Altán Redes, operador de la red mayorista que da servicio a los OMV, ya flexibilizó parte del procedimiento durante este año. En abril, la compañía eliminó la denominada prueba de vida para ciertos esquemas de registro. Sin embargo, la medida no se aplicó de manera generalizada.
“Nosotros seguimos con el mismo proceso de la selfie”, dijo Huerta.
La flexibilización fue autorizada únicamente para operadores que cuentan con puntos de venta físicos o centros de atención a clientes, bajo el argumento de que la validación presencial puede sustituir algunos pasos digitales del proceso.
Además, Altán extendió esta excepción a líneas de pospago operadas por OMV, pero mantuvo el requisito para la mayoría de las líneas de prepago, segmento donde se concentra una parte importante de los usuarios en comunidades rurales e indígenas.
La diferencia de criterios ha generado inconformidad entre algunos actores del sector, que consideran que las reglas no son homogéneas para todos los participantes del mercado.
Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, advirtió que la eliminación parcial de requisitos puede acelerar el registro, pero también abre cuestionamientos sobre la equidad del proceso.
“(La CRT) genera una asimetría entre los mismos usuarios y esto puede generar amparos por parte de las personas que sí hicieron este proceso y pusieron a disposición sus biométricos y puede generar duda sobre qué pasará con esa información”, aseguró el especialista.
Moreno señaló que la diferencia en los requisitos puede derivar en cuestionamientos legales sobre el tratamiento de la información recopilada y sobre la igualdad de condiciones entre usuarios que enfrentaron procedimientos distintos para cumplir con la misma obligación regulatoria.
Más allá de las implicaciones jurídicas, operadores comunitarios advierten sobre el riesgo de una desconexión masiva si no se simplifica el procedimiento o se otorga una prórroga adicional.
Con avances de apenas una tercera parte entre algunos operadores que atienden comunidades indígenas y rurales, la recta final del registro telefónico exhibe las tensiones entre regulación e inclusión digital.
