Si bien la evolución de la inversión responde a múltiples factores, especialistas coinciden en que la certidumbre regulatoria es uno de los elementos que influyen en las decisiones de largo plazo del sector. La propia serie histórica muestra que los flujos de capital han registrado fuertes variaciones en distintos momentos por razones que van más allá de los cambios institucionales.
Inversión volátil
Las cifras de la Secretaría de Economía reflejan que la inversión en telecomunicaciones ha mostrado un comportamiento irregular durante los últimos años. En 2022, por ejemplo, el sector registró una salida neta de 1,115 millones de dólares, asociada principalmente a procesos extraordinarios de reconfiguración empresarial, entre ellos la devolución de activos y espectro radioeléctrico.
A ese ajuste se sumaron un entorno de guerra de tarifas que presionó los ingresos de los operadores, el incremento en los costos para desplegar infraestructura, el encarecimiento del financiamiento por el alza de las tasas de interés y la inflación global, así como las elevadas cargas fiscales y el costo del espectro radioeléctrico, factores que redujeron el atractivo del sector frente a otros proyectos de inversión.
Tras ese episodio, la inversión continuó en terreno negativo durante el primer trimestre de 2023, con 243 millones de dólares de salida neta de capital, antes de recuperar terreno en 2024, cuando el flujo volvió a ser positivo con 253 millones de dólares.
La desaceleración volvió en 2025, año en el que coincidieron el arranque del nuevo marco institucional con un entorno económico menos favorable.
La certidumbre regulatoria es una variable
Desde finales de 2024, la industria ha transitado por un proceso de cambios institucionales derivado de la reforma en materia de simplificación orgánica impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum.
Como parte de ese proceso se creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) , responsable de la política pública del sector, mientras que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) comenzó operaciones en octubre del año pasado como órgano desconcentrado de esa dependencia. A ello se suma el fortalecimiento de Altán y de CFE como jugadores al ser operadores por el Estado.
Durante ese periodo de transición, analistas anticipaban que 2025 sería un año de ajuste para la industria debido a la implementación del nuevo esquema institucional y que 2026 marcaría el inicio de una etapa de mayor certidumbre para la inversión. Sin embargo, los datos del primer trimestre muestran que esa recuperación aún no se consolida.
Para Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, la evolución de la inversión dependerá en buena medida de las señales que envíe el nuevo regulador conforme avance su consolidación.
Tovar sostuvo que un calendario predecible para la asignación de espectro radioeléctrico, una revisión del esquema de derechos que pagan los operadores y mayor certidumbre para proyectos de largo plazo contribuirían a fortalecer el entorno de inversión.
La economía y el entorno internacional marcarán la recuperación
Además de los cambios regulatorios, Tovar consideró que el entorno macroeconómico también ha reducido los incentivos para desarrollar nueva infraestructura.
“La contracción de la economía mexicana durante el primer trimestre del año, junto con una expectativa de crecimiento cercana a 1% para todo el año, redujo los incentivos para ampliar la infraestructura, ya que una menor actividad económica limita la demanda esperada de servicios de telecomunicaciones por parte de hogares y empresas”.
A ello ahora se suma la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con Tovar, la posibilidad de revisiones anuales al acuerdo comercial reduce el horizonte de planeación para proyectos intensivos en capital, como las redes de telecomunicaciones, cuyos periodos de recuperación suelen extenderse por diez años o más.
“Las telecomunicaciones son especialmente sensibles al ser proyectos intensivos en capital con periodos de recuperación de diez años o más, y eso hace que sean incompatibles con reglas que se revisan cada doce meses”, afirmó.
