La empresa sostuvo que la legislación modificó diversas obligaciones regulatorias que anteriormente se imponían a Telcel en su carácter como Agente Económico Preponderante (AEP), entre ellas las relacionadas con el desbloqueo de equipos móviles, el servicio de usuario visitante (roaming nacional) y las exclusividades en la distribución de dispositivos.
A juicio de la compañía, esos cambios pueden mermar el equilibrio competitivo, por lo que consideró que si el diseño de la licitación permite que Telcel , como AEP y operador con mayor escala, acumule más espectro mientras sus competidores enfrentan barreras económicas para participar, las asimetrías competitivas podrían profundizarse durante la vigencia de las nuevas concesiones.
Por ello, pidió que las reglas del proceso contemplen condiciones que garanticen una participación efectiva de todos los operadores y eviten una mayor concentración del recurso radioeléctrico, tales como límites de acumulación de espectro, así como precios accesibles
“Durante 2024, el costo asociado al espectro representó aproximadamente 20.4% de los ingresos por servicios móviles de AT&T, mientras que para el AEP dicho porcentaje fue cercano a 7%. Esta diferencia no sólo incide en la disposición a participar en nuevas licitaciones, también afecta la capacidad de financiar despliegue", señalo el operador en el documento.
A agosto de 2024, Telcel se colocó como el operador con el mayor porcentaje de espectro asignado, al concentrar el 46.7%, mientras que AT&T cuenta con el 38.6%, seguido de Altán Redes con el 14.5%, al contar solo con la banda de 700 GHz, de acuerdo con información del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al ser el último dato público del tema.
Hace tres años, esta situación llevó al extinto IFT a solicitar a la Secretaría de Hacienda a ajustar el precio de las bandas de espectro conforme a la media internacional con un énfasis para las empresas que tienen una participación menor de 25% en el mercado móvil.
AT&T cuenta con porcentaje de mercado de 16.1%. El Instituto sostuvo su postura bajo el argumento de que la industria móvil está en un momento de "enormes riesgos" si no se cambia la mirada recaudatoria por el uso y el derecho del espectro radioeléctrico.