El T-MEC abre una nueva batalla laboral que presionará a empresas exportadoras

Tras la entrada en vigor del T-MEC se creó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) y se hizo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, que dio paso a un nuevo modelo de justicia laboral y una política de incrementos al salario mínimo que terminaron por transformar el marco laboral para empresas de todos los tamaños.

Ahora, el nuevo ciclo de evaluación anual del T-MEC se activará después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera no extender, por ahora, la vigencia del T-MEC por otros 16 años. En consecuencia, el acuerdo seguirá vigente hasta 2036 y será sometido a revisiones periódicas para medir el cumplimiento de los compromisos asumidos por México, Estados Unidos y Canadá.

El mecanismo que convirtió los derechos laborales en un tema comercial

Uno de los temas que concentrará mayor atención será el laboral. Para ello, el T-MEC incorporó por primera vez una herramienta –el MLRR– que permitiera investigar, en plazos reducidos, presuntas violaciones a la libertad de asociación y a la negociación colectiva en instalaciones que producen bienes o servicios para el comercio entre los tres países. Si se acredita un incumplimiento, el mecanismo puede derivar en sanciones comerciales dirigidas a una planta específica.

El instrumento ya dejó un precedente en México. En 2021, Estados Unidos lo activó por primera vez por presuntas violaciones a los derechos laborales en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. La consulta para legitimar el contrato colectivo tuvo que repetirse bajo supervisión de autoridades mexicanas e internacionales. El proceso concluyó con el rechazo del contrato vigente y permitió la elección de una nueva representación sindical.

Ese caso mostró que el cumplimiento laboral puede convertirse en un riesgo de negocio. La industria automotriz, principal objetivo de los primeros casos del mecanismo, genera 2.1 millones de empleos en México y representa 35.7% de las exportaciones manufactureras, además de posicionar al país como el principal proveedor de vehículos y autopartes para Estados Unidos, según datos de las asociaciones del sector.

Para Óscar de la Vega, socio director de De la Vega & Martínez Rojas, el siguiente desafío consiste en fortalecer los sistemas internos de cumplimiento antes de que surjan nuevas controversias.

“Las empresas vinculadas al comercio con América del Norte deberán fortalecer sus sistemas de cumplimiento, revisar sus relaciones sindicales y documentar adecuadamente los procesos de negociación colectiva”, dice.

El especialista considera que la supervisión ya no se limitará a la planta exportadora. También alcanzará la relación con proveedores y obligará a una mayor coordinación entre las áreas de recursos humanos, relaciones laborales, asuntos jurídicos y comercio exterior.

“Un incumplimiento laboral puede trascender el ámbito jurídico y podría afectar exportaciones, cadenas de suministro e inversiones”, advierte.

De las plantas exportadoras al resto del mercado laboral

La expectativa de un mayor escrutinio también es compartida por organizaciones sindicales. Alejandro Martínez Araiza, secretario general nacional del Sindicato Nacional Alimentario y del Comercio (SNAC), considera que Washington llegará a las revisiones con una evaluación distinta a la del gobierno mexicano sobre la implementación de la reforma laboral.

“El gobierno de Estados Unidos está muy descontento con los avances que ha habido a raíz de la reforma laboral. Ellos saben perfectamente qué sindicatos siguen siendo simulación y cómo se manejan a nivel sindical. No ha habido avances sustanciales en lo laboral y el gobierno mexicano dice que sí”, afirma.

A su juicio, esa diferencia de diagnósticos provocará una mayor presión sobre industrias consideradas estratégicas para la integración regional, como la automotriz, además del acero, el aluminio y parte del sector agroalimentario.

“En México sigue habiendo una simulación sindical en todos lados. Estados Unidos sabe que la mayoría de los contratos legitimados fueron a través de las mismas empresas y que la gente sigue sin poder salirse de los grandes contratos colectivos”, asegura.

Martínez Araiza sostiene que la revisión también representa una oportunidad para discutir temas que quedaron pendientes desde la entrada en vigor del tratado, entre ellos la formalidad laboral, la libertad de asociación y la evolución de los salarios.

“Nosotros propusimos un salario mínimo regional de 1,750 pesos por familia al mes. No es por sector; es cuánto necesita una familia mexicana para sobrevivir con dignidad”, enfatiza.

El impacto potencial de cualquier modificación regulatoria se extendería sobre un tejido empresarial dominado por pequeñas unidades económicas.

Los micronegocios representan 95.5% de los establecimientos del país y concentran 41.5% del personal ocupado, de acuerdo con el Inegi. Además, la participación de las mujeres en las actividades económicas alcanzó 43.6%, la cifra más alta registrada por los Censos Económicos, mientras que 101,184 establecimientos emplean a personas con algún tipo de discapacidad.

La experiencia de los últimos años sugiere que las revisiones del T-MEC pueden trascender el ámbito estrictamente comercial. La reforma laboral de 2019 nació de los compromisos asumidos por México en el tratado, pero terminó modificando las reglas para todo el mercado laboral.

Por ello, la próxima revisión no solo medirá qué tanto avanzó México en materia laboral, sino que también definirá si serán necesarios nuevos ajustes regulatorios que podrían extenderse a buena parte del mercado laboral mexicano.