TV Azteca ve riesgo de mayor intervención del Estado con nuevas reglas de audiencias

Los derechos de las audiencias buscan establecer reglas para que los medios distingan con claridad entre publicidad, información noticiosa y opinión, además de crear mecanismos para que las personas usuarias presenten quejas cuando consideren que sus derechos fueron vulnerados.

Desde el 27 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sometió a consulta pública el proyecto de lineamientos que regulará esta materia. De aprobarse, sustituirá a las disposiciones emitidas por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en diciembre de 2024.

Entre las obligaciones previstas se encuentra que cada concesionario cuente con un Código de Ética y con una persona Defensora de las Audiencias, responsable de velar por el respeto de estos derechos.

El proyecto también establece que los concesionarios deberán atender, en un plazo máximo de 20 días hábiles, las quejas y recomendaciones relacionadas con los contenidos que difundan. En caso de incumplimiento, contempla sanciones que van de 0.01% a 1% de los ingresos acumulables de los concesionarios.

Riesgos para los medios críticos

TV Azteca aseguró a Expansión que una de sus principales preocupaciones es que el proyecto modifique el modelo previsto por la Ley, al ampliar las facultades de la autoridad para intervenir en decisiones editoriales, revisar las determinaciones de los Defensores de las Audiencias e iniciar procedimientos que podrían derivar en sanciones a medios críticos.

Para la televisora del empresario Ricardo Salinas Pliego los derechos de las audiencias deben garantizar la libertad de las personas para elegir los contenidos y medios que consumen, sin convertirse en un mecanismo que permita una mayor intervención del Estado en las decisiones editoriales de los medios.

"Lo primero de esos derechos es la libertad de los mexicanos para decidir qué ver, qué escuchar y en qué medios confiar. Nuestro compromiso es con un periodismo libre, crítico e independiente”, aseguró la televisora en una respuesta escrita.

La postura de la televisora cobra relevancia en un contexto de creciente confrontación con el gobierno federal. Tras mantener inicialmente una relación cercana con la administración de Andrés Manuel López Obrador, el vínculo se deterioró por las diferencias relacionadas con los litigios fiscales de empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego.

Desde entonces, TV Azteca se ha convertido en una de las voces más críticas de la llamada Cuarta Transformación, una posición que también ha derivado en desacuerdos con la administración de Claudia Sheinbaum, quien ha cuestionado públicamente algunos contenidos difundidos por la empresa e incluso ha llamado a la ciudadanía a no consumirlos.

El debate sobre opinión e información

Las preocupaciones de TV Azteca coinciden con los argumentos presentados por la CIRT, organismo que agrupa a los concesionarios de radio y televisión del país.

La cámara sostuvo que el proyecto incorpora disposiciones ambiguas que podrían dar lugar a una aplicación discrecional por parte de la autoridad, particularmente porque la CRT tendría la posibilidad de revisar, mediante recursos de inconformidad, las resoluciones emitidas por las personas defensoras de las audiencias de los propios concesionarios.

“El gobierno terminará diciendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no”, señaló la CIRT en un comunicado.

Para el organismo, el esquema de sanciones y la falta de precisión sobre las obligaciones de los medios generan incertidumbre regulatoria para el sector.

Jorge Bravo , presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y especialista en telecomunicaciones, consideró que la regulación de los derechos de las audiencias es necesaria, pero cuestionó el alcance del proyecto.

“El gobierno no quiere que se le critique y si se hace quiere ejercer algún mecanismo de control. Ese es el trasfondo, a diferencia de lo que el IFT buscó hace 12 años, que era solo aplicar lineamientos”, afirmó.

El especialista sostuvo que el proyecto podría afectar especialmente a los medios con una línea editorial crítica, no solo por la posibilidad de procedimientos administrativos, sino por el impacto económico que tendrían las sanciones.

“Los lineamientos podrían utilizarse como una herramienta para ejercer presión sobre los medios de comunicación”, advirtió.

Bravo también señaló que la obligación de distinguir entre información noticiosa y opinión, aunque persigue un objetivo legítimo, podría resultar difícil de aplicar en la práctica y generar interpretaciones que afecten el ejercicio periodístico.

A ello se suma, dijo, el margen de interpretación previsto en el esquema de multas de entre 0.01% a 1% de los ingresos acumulables de los concesionarios.

“Esa falta de precisión abre un espacio de discrecionalidad en el que pueden intervenir factores políticos y eso puede representar uno de los principales riesgos de la regulación”, sostuvo.

Un debate impulsado por el gobierno

Desde principios de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de fortalecer la regulación de los derechos de las audiencias.

En enero, la mandataria afirmó que este tema sería uno de los ejes de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al señalar que existen prácticas mediáticas que, a su juicio, inducen narrativas políticas mediante la manipulación de información, imágenes y encabezados.

Tanto la administración de López Obrador como la de Sheinbaum han dado un papel relevante al combate de lo que consideran noticias falsas mediante la sección “Detector de Mentiras”, incorporada en sus conferencias matutinas para responder a publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

Mientras la CRT mantiene abierto el proceso de consulta pública, el debate permanece centrado en el equilibrio entre la protección de los derechos de las audiencias y los alcances que tendrá la autoridad sobre la actividad editorial de los concesionarios.

Para el gobierno, los lineamientos buscan fortalecer la protección de los usuarios y establecer reglas claras para los medios; para TV Azteca, la CIRT y especialistas, existe el riesgo de ampliar la capacidad de intervención del Estado sobre los contenidos informativos.