La reestructura también contempla la reducción de niveles salariales para trabajadores que conservan su empleo, una medida que puede representar recortes de más de la mitad de sus ingresos, según los casos reportados por la organización. Hasta el momento, no existe una cifra general confirmada sobre el número de despidos y bajas de plaza.
Silvia Ramos, integrante de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización de la UNTyPP, explicó a Expansión que la empresa justifica los movimientos con las necesidades de reorganización establecidas en su Estatuto Orgánico , modificado el año pasado, que contempla la cancelación de plazas.
“Sí hay muchas áreas de Pemex que no están teniendo ya la materia prima, eso lo entendemos, pero una persona de 35 años no la puedes despedir, la ley lo prohíbe, tiene derecho a la jubilación”, dijo Ramos.
La representante sindical señaló que la falta de materias primas en algunas áreas está relacionada con la reducción de la producción petrolera. No obstante, cuestionó que la empresa recurra a los despidos para ajustar su estructura laboral, particularmente en casos de trabajadores próximos a cumplir los requisitos para jubilarse.
Cartas de despido incluye renuncia a acciones legales contra Pemex
Los trabajadores afectados compartieron con Expansión oficios y cartas en los que se les comunica la terminación de su relación laboral o la reducción de su nivel de plaza. En los documentos de despido, Pemex establece que la liquidación se realizará “conforme a la ley”, de acuerdo con el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de la empresa.
Las misivas indican que el pago correspondiente se entregará en un plazo no mayor a 60 días y que el monto se determinará en función de los derechos aplicables, los servicios prestados y el tiempo laborado.
Sin embargo, los documentos también establecen condiciones para aceptar la terminación laboral. La firma implica que el trabajador manifiesta su conformidad con la conclusión de la relación con Pemex y con el pago que se determine.
Además, incluyen una disposición en la que el ra que no emprenderá acciones laborales, civiles, mercantiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole legal contra la petrolera.
Estas condiciones se suman a la incertidumbre sobre el alcance de los recortes y las consecuencias para quienes han dedicado buena parte de su vida profesional a la empresa estatal.