Los nuevos controles gubernamentales a comercializadores amenazan el abasto regional de gas y gasolina

De acuerdo con un análisis de PetroIntelligence, las modificaciones podrían alterar las relaciones comerciales entre importadores, comercializadores, distribuidores y operadores de infraestructura, lo que obligaría a reorganizar algunos esquemas de suministro.

Aunque el objetivo es cerrar espacios a la comercialización de combustibles de procedencia irregular, los cambios podrían generar dificultades de abastecimiento mientras las empresas ajustan sus operaciones, especialmente en zonas donde existen pocas alternativas de transporte y almacenamiento.

La reforma ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que la comercialización es uno de los eslabones de la cadena de combustibles donde las autoridades encontraron las mayores distorsiones en los volúmenes reportados.

“Ahora el equipo se está enfocando mucho en los permisos de comercialización. Si se dan cuenta no tienen activos físicos, se dedican a comprar y a vender, entonces la investigación más profunda está sobre la comercialización”, dijo durante su conferencia matutina del 21 de octubre.

Las cifras presentadas por la secretaria de Energía, Luz Elena González, dimensionan el problema que busca atender el gobierno. Durante 2025, las autoridades detectaron 8,824 millones de litros de combustibles cuya trazabilidad no pudo acreditarse, con un valor estimado de 61,785 millones de pesos.

De ese volumen, 6,352 millones de litros correspondieron a irregularidad , en el eslabón de comercialización, equivalentes a 44,468 millones de pesos. Es decir, esta actividad concentró la mayor parte de los combustibles de procedencia irregular identificados por el gobierno.

Como parte de las acciones de supervisión, la CNE ha cancelado 264 permisos de comercialización y mantiene otros 307 en proceso de sanción.

¿Qué dice el acuerdo?

Las nuevas disposiciones establecen obligaciones documentales y operativas para todos los permisionarios. Entre ellas está la entrega de información que la CNE solicite con fines de supervisión y estadísticos, así como la presentación de contratos que acrediten la gestión de servicios de transporte, almacenamiento y distribución por ductos.

Las empresas también deberán demostrar la procedencia lícita de los productos, mantener actualizado el inventario y entregar la relación de proveedores y clientes. Esta última tendrá que incluir los contratos vigentes, los volúmenes comprometidos y el destino final de los combustibles.

Para los productos importados, los comercializadores deberán contar con permisos de importación y comercialización vigentes, además de documentación que demuestre la legalidad de los combustibles en el país de origen.

Uno de los cambios con mayores implicaciones para la estructura del mercado es la incorporación de restricciones a las operaciones de compraventa en función de los servicios logísticos y de valor agregado involucrados. Los permisionarios también deberán contar con al menos un permiso de transporte, almacenamiento o distribución.

El acuerdo incorpora, además, información sobre las marcas en los contratos y registros, sujeta a la regulación específica que emita la CNE.

Aunque las disposiciones entran en vigor de inmediato, las empresas tendrán un plazo de 180 días naturales para acreditar ante la autoridad sus capacidades de suministro y gestión de servicios logísticos.

También cambia la vigencia de las autorizaciones. A partir de ahora, los permisos de comercialización tendrán una duración máxima de dos años, determinada de acuerdo con las características técnicas, económicas y regulatorias de cada proyecto. Quienes quieran continuar con la actividad deberán solicitar un nuevo permiso.

Te puede interesar: De medir litros a perseguir facturas, así cambia la estrategia del gobierno contra el huachicol fiscal

¿Cómo afectan los cambios de los comercializadores al abasto?

Los efectos de las nuevas reglas podrían ir más allá de las obligaciones administrativas. Según PetroIntelligence, los importadores podrían modificar sus esquemas de operación para reducir su dependencia de comercializadores nacionales y establecer relaciones de suministro directo con estaciones de servicio, instalaciones de autoconsumo y otros usuarios finales.

Para hacerlo, podrían apoyarse en sus propias capacidades logísticas o en plantas de distribución. Este escenario favorecería una mayor participación de los distribuidores, pero reduciría el espacio para los comercializadores que actualmente operan mediante infraestructura contratada a terceros.

La transición entre ambos modelos podría generar interrupciones temporales en el suministro, particularmente en regiones con menor disponibilidad de instalaciones logísticas.

Otra posible consecuencia son las restricciones comerciales y geográficas. Los comercializadores que permanezcan en el mercado podrían limitar sus operaciones a las zonas donde sus importadores asociados tengan capacidad logística disponible. Esto reduciría las alternativas de suministro en territorios que dependen de una red limitada de proveedores.

Las terminales privadas de almacenamiento también podrían enfrentar dificultades. PetroIntelligence advierte que las restricciones a las operaciones entre comercializadores podrían reducir su participación en la cadena de suministro, especialmente en aquellas instalaciones construidas para atender a importadores y empresas que utilizan infraestructura de terceros.

El problema radica en que contratar capacidad de almacenamiento podría dejar de ser suficiente para cumplir con las nuevas exigencias. Si las empresas necesitan permisos logísticos adicionales, algunas terminales podrían perder clientes o enfrentar dificultades para mantener su operación bajo el esquema actual.

Esto no solo tendría consecuencias para el abastecimiento regional, sino también para las decisiones de inversión en infraestructura de almacenamiento, debido a la incertidumbre sobre la viabilidad de los modelos de negocio que dependen de la prestación de servicios a terceros.

Ante ese escenario, algunas terminales podrían evaluar su integración a la red logística de Pemex, incluso mediante tarifas inferiores a las reguladas, como una alternativa para conservar su participación en el mercado.

El sector todavía evalúa el alcance de las nuevas restricciones y sus efectos sobre la cadena de valor de los combustibles. Mientras las empresas ajustan sus relaciones contractuales, sus capacidades logísticas y sus permisos, el principal desafío será cumplir con los controles de trazabilidad sin generar interrupciones en el suministro de productos esenciales para la actividad económica.