El mundo de las inversiones es basto, las opciones para invertir van desde acciones de grandes empresas, como Apple o Amazon, hasta materias primas como el jugo de naranja , el cobre o maíz. En el mercado cualquier opción conlleva un riesgo, pero existen instrumentos que destacan por la seguridad que ofrecen: los títulos gubernamentales.
Estos instrumentos son emitidos por gobiernos de países, por estados y hasta por municipios. Se trata de títulos que obligan a quien los emite a pagar una tasa de interés y en un tiempo determinado. Los inversionistas que prefieren participar en este mercado, en general, tienen un perfil conservador, suelen no están dispuestos a correr riesgos altos.
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Con estas emisiones, por un lado, los inversionistas pueden acceder a instrumentos relativamente seguros con rendimientos atractivos y, por otro, las entidades -estados o municipios- tienen la oportunidad de obtener recursos adicionales para realizar obras públicas.
Al emitir deuda, los estados pueden acceder a un monto superior y a un mayor plazo que el que les ofrece la banca comercial, además de que los costos son más competitivos, explica Roberto Ballinez, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas de HR Ratings.
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Para los inversionistas, las ventajas son una menor volatilidad que otros activos, como las acciones, y la liquidez (la facilidad de comprarlos y venderlos) que ofrece a los inversionistas a través de activos como certificados bursátiles o bonos, según Monex.
Es posible ver qué tan seguro es uno de estos instrumentos antes de invertir en él. Al igual que con las empresas, las agencias calificadoras, como HR Ratings, Fitch, Moody’s y S&P, emiten una nota que define la seguridad de que la entidad cumpla con los pagos.
La seguridad de estos instrumentos se sustenta por las garantías que ofrecen. De acuerdo con HR Ratings, 95% de estas operaciones en México tienen como garantía de fuente de pago los ingresos que los estados reciben de la federación, en específico los del ramo 28, los recursos que se transfieren a los estados y municipios, correspondientes a las participaciones que tienen en los ingresos federales e incentivos económicos.
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“Los ingresos que reciben los estados a través de la Federación no están sujetos a la capacidad o la operación recaudatoria de las entidades, lo que le da una fortaleza mayor”, señala Ballinez.
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Además, la ley establece que los recursos obtenidos deben ser destinados a obra pública o a reestructura de deuda, siempre y cuando esta se haya originado para inversión pública, nunca para pagar nóminas o para gasto corriente, dando certidumbre a los inversionistas.
“En términos generales, cualquier inversionista puede acceder a estos instrumentos, pero en la práctica quien absorbe este tipo de bonos son los inversionistas institucionales”, comenta Ballinez.
Si la emisión va a ser adquirida por fondos de inversión, de pensiones o bancos, por ley, explica el especialista, deben tener dos calificaciones crediticias, lo que refuerza aún más la seguridad de estos instrumentos.
