María Ariza, CEO de BIVA: Las Afores tienen capital, pero un cuello de botella frena nuevas OPIs

“Claro que hay demanda, claro que hay liquidez”, dijo Ariza. Sin embargo, explicó que un inversionista sofisticado como una Afore difícilmente puede participar directamente en todas las empresas que podrían llegar al mercado, por lo que se requiere una capa intermedia de gestores y vehículos que seleccionen activos, les den seguimiento y permitan diversificar los riesgos.

Tania Santoyo Greene, directora de Banca de Inversión de Capitales (Equity Capital Markets) de Corporación Actinver, señaló a su vez que tanto los recursos como el interés de los inversionistas institucionales ya están presentes.

“Las Afores son el inversionista institucional más grande de nuestro país. Sus recursos crecen exponencialmente y definitivamente, de las reuniones que tenemos nosotros con ellos, existe el apetito, existen los recursos”, señaló Santoyo. El desafío consiste ahora en hacer coincidir esa demanda con empresas capaces de ofrecer una historia de inversión suficientemente atractiva, con perspectivas relevantes de crecimiento y un gobierno corporativo sólido.

¿Qué necesitan las Afores para invertir más?

Para Ariza, no basta con observar el tamaño de los recursos administrados por las Afores y asumir que automáticamente pueden fluir hacia empresas que pretenden incorporarse al mercado. La industria necesita desarrollar fondos, mandatos y otros vehículos administrados por gestores locales que cuenten con experiencia suficiente para recibir recursos institucionales, analizar compañías y distribuir las inversiones entre diferentes activos.

Ese mecanismo permitiría descentralizar parte de las decisiones de inversión y abrir un camino para que empresas de menor tamaño entren en el radar de inversionistas que difícilmente podrían analizar y acompañar directamente cada emisión.

“Necesitamos que haya un layer en donde podamos diversificar esas tomas de decisiones”, explicó Ariza, quien considera que actualmente ese es uno de los cuellos de botella más claros para el mercado.

La directiva volvió sobre el tema cuando se le preguntó qué debería cambiar para que México recupere un mercado regular de ofertas públicas iniciales y su primera respuesta fue conectar mejor la inversión institucional con las nuevas emisiones y aumentar la presencia del capital local en empresas que están fuera del grupo de las mayores compañías que cotizan actualmente.

La falta de nuevas emisoras ha sido uno de los principales problemas del mercado bursátil mexicano durante los últimos años, en un periodo marcado no sólo por pocas ofertas iniciales, sino también por empresas que han decidido dejar el mercado.

Santoyo coincide en que la solución tampoco depende únicamente de los inversionistas. Para captar esos recursos, las compañías deben llegar al mercado con perspectivas claras de crecimiento, estructuras sólidas de gobierno corporativo y una estrategia capaz de convencer tanto a las Afores como a otros inversionistas institucionales y al público minorista.

El incentivo fiscal ayuda, pero no hace una OPI por sí solo

En ese contexto, el Paquete Económico 2027 propone recuperar y ampliar un incentivo fiscal dirigido a ciertos accionistas que vendan títulos durante una oferta pública inicial. La Cámara de Diputados ya aprobó tanto el incentivo fiscal de 10% para determinadas ganancias derivadas de OPIs como el aumento de 16% en algunos derechos de inscripción, inspección y vigilancia de la CNBV. Ambas medidas todavía deben ser avaladas por el Senado antes de convertirse en definitivas para 2027.

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La medida contempla una tasa de 10% de ISR sobre determinadas ganancias derivadas de la venta de acciones durante una OPI, con cambios frente al esquema que había operado anteriormente. Para BIVA, la medida mejora la competitividad del mercado mexicano y puede llevar a algunos empresarios a reconsiderar la bolsa como una alternativa para obtener liquidez, diversificar parte de su patrimonio o financiar el crecimiento de sus compañías.

Ariza recordó que el primer esquema, cuyo antecedente se remonta a 2019, se había quedado corto y no generó suficiente interés entre los empresarios. La nueva propuesta, señaló, ofrece condiciones más atractivas, aunque por sí misma tampoco garantiza que regresen las colocaciones.

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Santoyo, de Actinver, una de las mejoras relevantes es ampliar de 10% a 25% la proporción accionaria que puede aprovechar determinadas condiciones del estímulo, algo especialmente importante en México por el peso de las empresas familiares.

Esto podría permitir que sus propietarios moneticen una parte de su patrimonio sin desprenderse del control de la compañía.

“El decreto por sí solo, por existir, no va a generar una oleada de ofertas públicas iniciales, pero sí elimina una de las excusas más grandes o uno de los 'peros' más grandes que ven estos empresarios”, dijo Santoyo.

El incentivo, por tanto, atacaría una de las barreras fiscales que enfrentan los accionistas, pero deja pendientes otros factores, tales como la preparación de las compañías, gobierno corporativo, liquidez del mercado y, especialmente, los mecanismos que permitan conectar a los inversionistas institucionales con las empresas que buscan capital.

Ariza también considera que el estímulo podría ampliarse en el futuro para abarcar emisiones subsecuentes y ofrecer mayor flexibilidad a las empresas que ya cotizan, de manera que el atractivo fiscal no se limite únicamente a su primera llegada al mercado.

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El aumento de cuotas no sería el principal obstáculo

El mismo Paquete Económico plantea, por otra parte, un incremento de 16% en algunos derechos relacionados con inscripción, inspección y vigilancia que cobra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que abrió la discusión sobre una posible señal contradictoria: incentivar fiscalmente las colocaciones mientras aumentan ciertos costos regulatorios.

BIVA considera que el incremento debe analizarse caso por caso, pero no lo identifica como un elemento suficientemente grande para determinar si una empresa decide o no entrar al mercado.

Ariza señaló que cualquier aumento de costos forma parte de la evaluación financiera de una colocación, aunque una salida a bolsa responde generalmente a una decisión estratégica de mediano y largo plazo y el ajuste de esas cuotas no debería, por sí mismo, ser determinante para abandonarla.

Para la industria, el problema de fondo sigue estando en generar suficientes compañías listas para cotizar y crear las vías para que el capital disponible pueda llegar hasta ellas.

BIVA asegura que lleva años trabajando en esa primera parte. A través de BIVA Impulsa ha trabajado con más de 200 empresas y ha visitado más de 750 compañías, particularmente para fortalecer aspectos como gobierno corporativo y preparación para acceder al mercado. Ariza evita, sin embargo, convertir ese universo en una previsión concreta sobre futuras OPIs, pues la decisión final depende de la estrategia de cada empresa.

Una nueva emisora que no será una OPI

El mercado mexicano sí se prepara para recibir una nueva empresa, aunque su llegada ejemplifica por qué un nuevo listado no necesariamente significa la reactivación de las ofertas iniciales. Grupo Financiero Inbursa solicitó listar a Inversiones de Capitales INCA, una compañía que surgirá de una escisión parcial del grupo financiero controlado por Carlos Slim y cuya función será invertir en empresas de distintos sectores.

INCA contará con un capital social de alrededor de 40,000 millones de pesos y aproximadamente 2,016 millones de acciones; los títulos serán distribuidos entre los actuales accionistas de Inbursa a razón de una acción de INCA por cada tres de GFInbursa. Slim y su familia conservarían 62.53% de la serie O-1, mientras alrededor de 37.7% quedaría en manos del público inversionista.

Pero la operación no será una OPI ni implicará levantar capital nuevo en el mercado. INCA llegará a la Bolsa Mexicana de Valores mediante la escisión y distribución de acciones entre los actuales accionistas de Inbursa, sin una oferta pública.