CIUDAD DE MÉXICO (Expansión)- Michel Temer, quien gobernó Brasil de 2016 a 2018, es el último pez gordo que cae dentro de la red de la operación Lava Jato (Lavado de Autos), el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos con Petrobras, la petrolera estatal.
Temer fue detenido este jueves
, en Río de Janeiro.El expresidente, quien llegó al poder después de que el Congreso destituyera a Dilma Rousseff por maquillar las cuentas públicas, fue acusado en junio de 2017 de corrupción pasiva por el entonces procurador Rodrigo Janot. Temer se salvó en ese momento gracias a que los diputados votaron para que no enfrentara el proceso penal.
La operación Lava Jato ya condujo antes al encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir un apartamento frente al mar de una constructora a cambio de favores.
El 24 de enero de 2018, un tribunal de segunda instancia elevó la pena a 12 años y un mes, que comenzó a cumplir en abril una cárcel de Curitiba, cuando ya era favorito para las elecciones de octubre de ese año, en las que finalmente no participó, pues el Tribunal Supremo Electoral de Brasil invalidó su candidatura.
Lula y Temer solo son los casos más visibles de una operación que ha provocado la caída de ministros, congresistas y empresarios como Marcelo Odebrecht, CEO de la constructora Odebrecht, una compañía que tejió una red de sobornos en varios países de América Latina, entre ellos México.
La lucha anticorrupción en Brasil ha sido tan efectiva que ha llegado a los niveles más altos del poder político y económico. Estos son los pilares de su sistema, que México puede tomar como ejemplo.
Jueces independientes e instituciones fuertes
La independencia del sistema judicial brasileño ha sido fundamental para que personalidades del tamaño de Lula hayan caído en las redes de la operación Lava Jato.
“Los jueces se toman muy en serio el combate a la corrupción”, explica el periodista Raúl Olmos, autor del libro 'El Gigante de Lodo: Odebrecht y su historia de corrupción en México', en entrevista con Expansión.
Lava Jato, que inició en 2014, fue un parteaguas para la lucha anticorrupción en Brasil, que antes de esta fecha tenía cifras de impunidad parecidas a las de México, es decir, cercanas al 90%.
“El caso Lava Jato mostró la independencia del poder de los jueces, mostró independencia de los fiscales que investigaban los casos, sin importar el poder económico de los empresarios o el poder político de los señalados en actos de corrupción”, dice Olmos.
La construcción del entramado legal, que permitió una investigación de este calado, se puede remontar a principios de siglo, añade David Arellano Gault, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), vía correo electrónico.
“En Brasil se tiene ya una larga historia de construcción legal y organizacional para combatir la corrupción, todo bajo un respeto básico del Estado de Derecho” asegura.
Algunos hitos previos a Lava Jato son la Ley de Falta de Probidad en el Sector Público y la Ley de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y Lavado de Dinero, en 2003.
Arellano coincide en destacar la independencia del poder judicial brasileño, especialmente del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior de Justicia. También señala la profesionalización de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, y el fortalecimiento del Ministerio Público Federal.
“La ley brasileña anticorrupción de 2013 es en realidad un punto de llegada ya bastante avanzado a partir de que estas organizaciones e instancias se han fortalecido. De esta manera, los delitos de ‘cuello blanco’ se han tipificado con mucha claridad y las diferentes partes de este entramado de organizaciones hacen su parte, gracias a que tienen certeza jurídica y, sobre todo, han invertido en fortalecer sus capacidades técnicas y organizacionales”, enfatiza el investigador del CIDE.
'Soplones' de alto nivel
Otro factor que ha sido clave para señalar a personajes como Lula y Temer ha sido el sistema de delaciones premiadas, por el cual la justicia brasileña otorga privilegios a los acusados que brinden información valiosa sobre las redes de corrupción en las que participen.
“Si un corrupto o un personaje que participó en actos de corrupción accede con las autoridades a llegar a un acuerdo para delatar a otros involucrados, pues se le da un beneficio de una reducción de pena, incluso de libertad o de prisión domiciliaria”, dice Olmos, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Es el caso de Marcelo Odebrecht.
. Las confesiones del empresario comprometieron a los expresidentes Temer, Rousseff, Lula y Fernando Collor de Mello, además de a las cúpulas de las principales fuerzas políticas brasileñas.De hecho, las denuncias que tienen a Temer a punto de entrar a una cárcel en Rio de Janeiro se formaron a partir de las confesiones de un empresario implicado en el caso, obtenidas a cambio de una reducción de condena.
Olmos señala que México carece de un sistema de estímulos similar, aunque sí cuenta con intercambio de información con el gobierno de Brasil. “Si el gobierno de México quisiera perseguir los actos de corrupción del caso Odebrecht, podría pedir la colaboración de las autoridades de Brasil. Ellos ya tienen las pruebas de los involucrados, de los corruptores, que involucran de alguna forma a políticos mexicanos. Tengo entendido que esta colaboración solo se ha tenido de manera parcial”.
¿Politización de la justicia?
Los seguidores de Lula y Roussef, del Partido de los Trabajadores, y de Temer, del Movimiento Democrático Brasileño, han criticado los casos, afirmando que la justicia se ha empleado con fines políticos.
Sin embargo, hay una diferencia con el uso político de la justicia que se ha hecho en México, donde se persigue a los corruptos de manera selectiva, asegura Arellano, el especialista del CIDE.
“La política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica, para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas. De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial”, comenta.
Olmos señala que en México se han dado pasos importantes hacia un marco institucional que combata la corrupción, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General de la República, pero dice que si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ir por los corruptos, debe evitar opinar sobre los casos.
"Aquí sería bien importante que el gobierno de la República, en concreto López Obrador, evitara hacer incluso opiniones a los casos y diera plena autonomía y plena independencia a la Fiscalía".