El informe del Alto Comisionado señaló que esta tendencia del gobierno de Nicolás Maduro aumentó desde 2016, cuando la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional cayeron en manos de la oposición.
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Naciones Unidas señala que los organismos de seguridad, como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Además, los servicios de inteligencia venezolanos "han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura" de opositores políticos y de sus familiares.
"Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia", indica el Alto Comisionado en su reporte.
El gobierno venezolano registró 5,287 muertes de delincuentes que resistieron a la autoridad el año pasado y 1,569 hasta el 19 de mayo de 2019.
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El informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU, que se basó en 558 entrevistas a víctimas y testigos de violaciones, dijo que muchas de las muertes parecían ejecuciones extrajudiciales de fuerzas de seguridad.
Familias de 20 personas describieron cómo hombres enmascarados y vestidos de negro de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) en camionetas negras sin placas habían irrumpido en sus casas, tomado sus pertenencias, agredido a mujeres y niñas, a veces desnudándolas.