La ONU denuncia que el gobierno de Maduro reprime a la oposición

El informe del Alto Comisionado señaló que esta tendencia del gobierno de Nicolás Maduro aumentó desde 2016, cuando la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional cayeron en manos de la oposición.

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Naciones Unidas señala que los organismos de seguridad, como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Además, los servicios de inteligencia venezolanos "han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura" de opositores políticos y de sus familiares.

"Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia", indica el Alto Comisionado en su reporte.

El gobierno venezolano registró 5,287 muertes de delincuentes que resistieron a la autoridad el año pasado y 1,569 hasta el 19 de mayo de 2019.

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El informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU, que se basó en 558 entrevistas a víctimas y testigos de violaciones, dijo que muchas de las muertes parecían ejecuciones extrajudiciales de fuerzas de seguridad.

Familias de 20 personas describieron cómo hombres enmascarados y vestidos de negro de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) en camionetas negras sin placas habían irrumpido en sus casas, tomado sus pertenencias, agredido a mujeres y niñas, a veces desnudándolas.

Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.

"Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles", relata el informe.

"En cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría 'resistido a la autoridad'", añadió.

Crisis económica

La jefa del organismo, Michelle Bachelet, que estuvo en Venezuela en junio y presentará el viernes el informe al Consejo de Derechos Humanos, dijo que "el gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas" entre ellas el uso de la tortura y el acceso a la justicia.

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El informe sostiene además que el Estado no cumple con garantizar el derecho a la alimentación y la atención de salud.

"Exhorto a todas las personas con poder e influencia -tanto en Venezuela como en el resto del mundo- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", agregó Bachelet en un comunicado que acompañó el informe.

Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política, con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países. En una visita realizada el entre el 19 y el 21 de junio, Bachelet conversó con ambos líderes.

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El país vive además una grave crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.

"El gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas" explica el texto.

La situación es "compleja", admite Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.

"Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas", expone Bachelet.

Además de la disolución de las FAES y de los "colectivos", Bachelet recomienda la creación de "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.

El informe recuerda que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano.

La respuesta del gobierno de Maduro

El gobierno de Venezuela, en un anexo que acompaña al reporte , criticó la metodología de la ONU porque, dijo, usó fuentes parciales.

"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela" replicó el gobierno de Maduro en sus comentarios.

De acuerdo con el gobierno venezolano, el documento privilegia "excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado"

"El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas 'por motivos políticos'. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición", añade.

Para el gobierno venezolano, el informe "nada dice (...) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país".