¿Narendra Modi fue demasiado lejos con la polémica ley de ciudadanía en India?

El primer ministro, cuyo partido Bharatiya Janata (PBJ) ganó apabullantemente las elecciones de hace unos meses, ha dominado la política india desde que llegó al poder en 2014. Aunque se le aplauden sus esfuerzos por llevar la prosperidad a las regiones más pobres y por acabar con la corrupción, su énfasis en el empoderamiento de la mayoría hindú ha despertado inquietudes en la minoría musulmana.

Para los detractores de Modi, la Reforma a la Ley de Ciudadanía —que expedita el trámite de naturalización de inmigrantes hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos que llegaron a India antes de 2015— se ha vuelto el ejemplo más descarado de la agenda nacionalista hindú, cuyo objetivo es marginar a los musulmanes indios. Los opositores dicen que es parte de una campaña para desgarrar el tejido de la identidad laica de India.

Desde que la ley pasó por ambas cámaras del Parlamento, a mediados de diciembre, han privado las manifestaciones en los campus universitarios en al menos nueve estados. Los manifestantes han salido a las calles de Assam y Tripura por temor a que grandes cantidades de hindúes, que migraron a la región en décadas recientes, ahora puedan naturalizarse por la vía rápida. Muchos de los habitantes de esas regiones creen que esto cambiará radicalmente la composición religiosa y étnica de los estados del noreste, en donde viven 200 grupos nativos diferentes.

"En el norte creen que la ley llegó demasiado lejos y que la amnistía permitirá demasiada inmigración", dijo a CNN Milan Vaishnav, director y jefe de investigadores del Programa para el Sur de Asia del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.

La nueva ley dificultará aún más que los migrantes musulmanes obtengan la ciudadanía india. Además, a sus detractores les preocupa que siente las bases de una prueba nacional de ciudadanía y que despoje de sus derechos a los musulmanes que han vivido en India desde hace varias generaciones, pero que no pueden probar el linaje de su familia, cosa que volvería apátridas a incontables personas.

Amit Shah, ministro del Interior , ha insistido en que el gobierno pondrá en marcha un registro nacional de ciudadanos. Modi trató de apaciguar al público el lunes, 16 de diciembre, y dijo en Twitter que la nueva ley "no afecta a ningún ciudadano de ninguna religión en India" y que "ningún indio tiene nada de qué preocuparse".

Pero cuando se llevó a cabo un registro de ciudadanos en Assam, hace unos meses, 1.9 millones de personas quedaron fuera de la lista de ciudadanos indios. En ese entonces, el gobierno señaló que no se declararía extranjero a nadie que no estuviera en la lista, pero eso no ha servido para paliar los temores.

Aquí lo que está en juego es "el futuro de la democracia liberal en India", dijo Vaishnav. "Además parece que una parte, que ha estado dormida, o al menos en silencio, de verdad ha despertado y se está asegurando de que los oigan".

Las repercusiones

Lo más seguro es que las protestas hayan tomado a Modi por sorpresa. Modi se ha hecho de la reputación de ser el "primer ministro de Teflón" y ha gozado de apoyo generalizado aunque sus iniciativas públicas a veces afectan a los ciudadanos… y a la economía.

Gracias a su control firme del poder y a la lealtad de sus bases hindúes, el PBJ de Modi ha redoblado esfuerzos para concretar lo que, de acuerdo con sus detractores, es el proyecto nacionalista del partido, conocido como Hindutva. A los críticos les preocupa que el partido esté usando su mandato más firme para redefinir a India, país que alberga a la segunda población musulmana más grande del mundo, como Estado religioso y patria de los hindúes.

Los indios progresistas miraban aterrorizados mientras Modi despojaba a Yamú y Cachemira —el único estado mayoritariamente musulmán del país— de su autonomía parcial en agosto . Sin embargo, "muy pocas personas tomaron las calles", dijo Vaishnav.

Esto podría explicar en parte por qué el gobierno no esperaba las repercusiones al proyecto de ley de ciudadanía. Mientras el país se sumergía en las protestas, el fin de semana, el gobierno desactivó el internet en varios estados afectados con la intención de mantener el orden.

"El PBJ ha sido adepto a usar su presencia en las comunidades para generar apoyo a sus políticas y han logrado eficazmente dejar fuera a instituciones como ciertas partes de la prensa", dijo a CNN Champa Patel, directora del Programa para Asia-Pacífico del centro de estudios británico Chatham House. "Sin embargo, se han visto en desventaja por la magnitud de la resistencia [a la ley]", agregó Patel. "Ahora, la pregunta es cómo reaccionarán, porque es la primera prueba real a la que se han enfrentado".

El mundo está atento

El gobierno indio señaló que la ley es una medida humanitaria para ayudar a las minorías religiosas perseguidas en sus tres países vecinos: Pakistán, Bangladesh y Afganistán.

El martes 17 de diciembre, conforme continuaban las protestas en la capital, Nueva Delhi, Modi acusó a sus rivales políticos de fomentar la disidencia y de avivar el descontento.

Meenakshi Ganguly, directora de Human Rights Watch en el sur de Asia, dijo a CNN que el gobierno tiene que "entender que la ideología hindú mayoritaria podría no ser aceptable para una gran cantidad de ciudadanos indios". Esta es una postura que comparten más de 500 juristas, abogados, académicos y actores, quienes condenaron la obra legislativa en un comunicado al que tuvo acceso la prensa india.

Pese a los agravios crecientes, los analistas creen que es poco probable que el PBJ deseche la nueva ley. "Modi sigue siendo, por mucho, el político más popular en India", dijo Vaishnav.

El PBJ tiene un mandato amplio desde su segundo triunfo consecutivo en elecciones generales, contienda que se libró con base en un proyecto cultural que llamó la atención de sus bases radicales. "No creo que vayan a desviarse de él", agregó Vaishnav.

Mientras tanto, India carece de un plan para lo que sigue. Sus centros de detención no tienen la capacidad para albergar a los "millones de personas a las que podrían atrapar" si se implementa una revisión nacional de ciudadanía, de acuerdo con Vaishnav.

Además, parece que no hay negociaciones en curso con los países vecinos, como Bangladesh, sobre el tema de las deportaciones, agregó Patel, de Chatham House.

Conforme crecen las inquietudes, los observadores dicen que los gobiernos de Occidente han adoptado un enfoque muy suave con ese país, al que en general se considera posible contrapunto democrático a su vecino, China.

"Creo que lo que eso provoca es que se haga la vista gorda a lo autoritario que ha sido el PBJ en India", dijo Patel.

La comunidad extranjera "está esperando y observando cómo se implementará [la ley]", agregó Vaishnav. "¿Habrá grandes cantidades de musulmanes detenidos o despojados de su ciudadanía? Es un juego de esperar a ver qué pasa".