Uruguay dejó atrás 15 años de gobiernos de izquierda. Este domingo asumió la presidencia el abogado Luis Lacalle Pou , miembro de una familia de tradición política y empresarial agropecuaria, que llega con el ánimo de reconvertir la economía del país.
De entrada, el nuevo presidente busca acabar con una práctica sindical que encrispa los nervios de inversionistas y ejecutivos empresariales: la ocupación forzosa de plantas de producción y oficinas durante las negociación de contratos colectivos.
Lacalle Pou propuso al Parlamento una iniciativa que busca perfilar su plan de gobierno para los próximos cinco años, reduciendo el gasto público y el déficit fiscal de 4.5% anual. Propone también la creación de una agencia estatal que evalúe las políticas sociales, que junto con la sindical, fueron programas estelares en el periodo del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (2005-2010).
Impulsar cambios en la economía es una de las claves de la victoria de Lacalle. Su propuesta no solo tiende a reducir la intevención del Estado, sino a mejorar condiciones para la inversión privada, que le ha representado críticas al gobierno uruguayo desde el extranjero.
Apenas en diciembre pasado, el embajador estadounidense en Uruguay, Keneth George, en su primera alocución pública, lanzó la pregunta: “¿Porqué es tan difícil hacer negocios en Uruguay?”, dijo aludiendo a las cargas fiscales locales y otros trámites.
Meses antes, la Organización Internacional del Trabajo había tomado el tema de las ocupaciones sindicales en su agenda y llamó al gobierno frenteamplista a actuar en el tema de la negociación colectiva, que ha sido motivo de quejas empresariales uruguayas ante el organismo.
De esas observaciones parece provenir en parte la “urgencia” con la que el mandatario intenta abordar la agenda económica. Pero es también una respuesta a los ciudadanos que respaldaron su proyecto de apoyo al sector agropecuario, base de las exportaciones uruguayas.
La ceremonia de toma de posesión reflejó también un cambio en el mapa político sudamericano, poniendo a Uruguay a lado de Brasil, Chile y Colombia, encuadrados en el sector derecho del tablero.
Los presidentes Jair Bolsonoro, Sebastián Piñera e Ivan Duque correspondieron a la invitación que les extendió Lacalle, quien públicamente informó que en la lista de convidados no estaban Nicolás Maduro de Venezuela ni Daniel Ortega de Nicaragua, viejos amigos y socios de los gobiernos de Vázquez y Mujica.
Esa amistad abarca al empresario desarrolador de software, Javier Vázquez, hijo del ahora ex presidente, expuesto en los Panamá Papers, la filtración de contratos bancarios off shore de celebridades de todo el mundo con el despacho Mossack Fonseca.
El acento en la economía también se refleja en la designación del gabinete de Vázquez. El flamante ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, es un economista con posgrado en la Universidad de Chicago.
Al interpretar los hechos que llevaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, a renunciar a su cargo el 11 de noviembre de 2019, el canciller afirmó que la salida fue resultado de la presión de las fuerzas armadas, por lo que calificó la situación de “golpe de Estado”.
Esta posición lo acerca a la visión de México sobre esos acontecimientos, pero lo aleja del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro —antes favorable a las causas de la izquierda sudamericana—, quien afirma que el origen del quebranto político fue “el fraude electoral” cometido por Morales en los comicios presidenciales de octubre pasado.
En representación del gobierno mexicano, asistió a la toma de posesión de Lacalle el canciller Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones exteriores estuvo en Montevideo en febrero de 2019 impulsando un grupo favorable al diálogo en Venezuela, que ha sido blanco de críticas de Almagro, pero no del gobierno de Vázquez.
Los temas que Ebrard trató con Talvi durantes las reuniones que tuvo el domingo con personalidades de la región, así como las palabras que le expresó al presidente Lacalle, quedaron en la oscuridad del céntrico hotel en el que se reunieron, debido a que el funcionario mexicano no dio entrevistas a la prensa.
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México incrementó sustancialmente su comercio bilateral con Uruguay y con los miembros del Mercosur, a partir de la firma de acuerdos comerciales promovidos por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Las exportaciones de México a Uruguay rebasaban apenas los 1,000 millones de dólares en el 2000. Llegaron a su punta en 2012 con 11,400 millones de dólares y cayeron paulatinamente hasta cerrar el 2019 en 4,800 millones, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo.
Las exportaciones de miembros del Mercosur han estado en un rango que oscila entre los 4,000 millones en 2004 y los 5,000 millones de dólares en 2019, con picos de 6,000 millones.
Decisiones proteccionistas de Brasil y Argentina —sumadas a un deterioro de sus economías en el último lustros condujeron a la disminución de las ventas mexicanas de vehículos automotores y partes automotrices desde 2012, por lo que México pasó del superavit al déficit en su balanza comercial con los mercosurianos, que incluye también a Uruguay y Paraguay.
A raíz de un encuentro con el entonces mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en noviembre de 2019 su voluntad de apoyar el comercio con América del Sur, sin hacer mayores precisiones.
Fernández se presentó este domingo 1 de marzo a la inauguración de las sesiones legislativas argentinas y aunque habló de fortalecer relaciones con países emergentes no hizo mención alguna de las relaciones con México.
Tanto Fernández como Lacalle quieren alentar cambios en el Mercado Común del Sur (Mercosur), pero en sentidos distintos.
El primero habló de cambios a mediano plazo, como la homologación de condiciones laborales en la región, mientras el segundo demandó una desideologización del ente, que en casi 30 años no ha logrado acabar con altos aranceles al interior del bloque ni mucho menos ha generado un mercado común. Bolsonaro sigue previendo un Mercosur dirigido por Brasil.
La secretaria mexicana de Economía, Graciela Márquez, informó el 31 de enero que México negocia con Brasil y Argentina la ampliación de los acuerdos de complementación económica para hacerlos más “amplios y ambiciosos”.
“Brasil es un país difícil, es como lo opuesto de México, que es una economía muy abierta; Brasil es una economía muy cerrada, pero creo que podemos encontrar compementariedades”, dijo Márquez.
Uruguay tiene igualmente un leve superávit frente a México, impulsado principalmente por exportaciones de endulzante que produce Pepsico en una zona franca uruguaya, que se destinan a varios países latinoamericanos, pero principalmente a refresqueras mexicanas.
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Otras empresas mexicanas con conexiones con la economía uruguaya, vía inversiones, son, entre otras, Femsa, Alsea y Bimbo, que ha enfrentado reclamos sindicales por la reorganización de la panificadora de su propiedad Los Sorchantes, en junio de 2018, y por el anuncio de reubicación de trabajadores de una planta de producción de galletas llamada Maestro Cubano, también bajo su esquema de negocios, en noviembre pasado.
