Corrupción, incumplimientos y un mercado desbordado
Desde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el diagnóstico siempre fue más severo que el reconocido desde el discurso oficial. Guillermo Rosales, presidente del organismo, sostiene que los llamados “abusos” fueron, en realidad, incumplimientos sistemáticos del propio decreto.
“Tenemos identificado que hubo una amplia corrupción por parte de funcionarios en gobiernos estatales que celebraron convenios con el REPUVE para regularizar vehículos. Esto llevó a que alrededor del 95% de las unidades regularizadas incumplieran las propias reglas del decreto, en particular aquellas relacionadas con la prohibición de regularizar vehículos con declaratoria de pérdida total”, expone Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.
El acuerdo establecía candados claros. Los vehículos debían haber ingresado al país antes del 19 de octubre de 2021 y no presentar daños estructurales graves. De acuerdo con el organismo, esos requisitos se diluyeron en la operación cotidiana del programa.
“Un número muy importante de vehículos se introdujo al país después de la emisión del decreto. La fecha límite establecida para poder regularizar era haber estado en México antes de octubre de 2021, circunstancia que claramente se incumplió. Todo esto generó un entorno de corrupción muy grande, en el que se llegaban a cobrar hasta 25,000 pesos por automóvil”, describe Rosales.
El contraste entre el costo oficial de 2,500 pesos y los cobros extraoficiales alimentó un ecosistema de intermediarios que terminó por normalizar la irregularidad. Para la AMDA, ese fue uno de los puntos de quiebre del esquema.
La dimensión del fenómeno también influyó en la decisión presidencial. El organismo estima que hasta 3 millones de vehículos de procedencia extranjera ingresaron al país durante la vigencia del decreto, presionando un parque vehicular que ya presenta un envejecimiento estructural.
Ese volumen tuvo efectos más allá del mercado automotor. Según la AMDA, toda la cadena de introducción, traslado y comercialización de estos vehículos generó pagos ilegales y fortaleció economías criminales.
“Todas las actividades asociadas al ciclo de introducción al país, movilización, venta y traslado hacia distintos puntos del interior generaron el pago de derechos de piso al crimen organizado, lo que terminó por fortalecer esta cadena económica de las mafias”, comenta Rosales.
A ello se sumaron los riesgos técnicos. Muchos de los autos regularizados habían sido declarados en pérdida total en su país de origen, con daños estructurales y ausencia de sistemas de seguridad, lo que incrementó los riesgos para los usuarios.
El impacto ambiental también pesó en el balance. Unidades sin catalizadores o con sistemas de control de emisiones dañados comenzaron a circular de forma regular, incidiendo en la calidad del aire y elevando los costos ambientales en zonas urbanas.
Un cambio en el tono con el sector privado
Para el sector formal, la derogación del decreto fue el desenlace de un deterioro acumulado. No solo por la competencia desleal, sino por la carga que estos vehículos añadieron a un parque vehicular cuya edad promedio ya ronda los 20 años.
La decisión también expuso un cambio en la interlocución entre el gobierno y el sector privado. Rosales reconoce que, con la llegada de Sheinbaum, el diálogo se volvió más constante y operativo que en el sexenio anterior.
“En términos generales nunca dejamos de tener interacción, sobre todo en la provisión de información durante el cambio de gobierno. En la administración del presidente (Andrés Manuel) López Obrador ese diálogo fue mucho más limitado. A partir de la llegada del gobierno de la presidenta Sheinbaum ha habido una comunicación más eficiente con distintas dependencias, como Hacienda y Economía”, expone.
Aunque evita detallar las conversaciones que llevaron al fin del programa, el presidente de la AMDA considera que la evidencia acumulada fue determinante.
“Todo esto se volvió cada vez más pesado en términos de impacto negativo y de evidencia disponible, por lo que la decisión de la presidenta de derogar el decreto estaba plenamente justificada”, subraya Rosales.
Para el sector automotor formal, el cambio no solo corrige una distorsión del mercado, sino que refleja un giro en la forma en que el nuevo gobierno pondera riesgos económicos, ambientales y de seguridad.
Entre los distribuidores de vehículos nuevos, la cancelación del esquema fue recibida como una señal de orden regulatorio. Durante años, el sector insistió en que la regularización masiva incentivó prácticas irregulares y abrió un mercado paralelo difícil de contener.
