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#LatAmContraElCOVID19: La extensa cuarentena en Perú no frena el coronavirus

El gobierno lanzó tempranas medidas restrictivas y un ambicioso plan de ayuda económica, pero los niveles de informalidad y el frágil sistema de salud han puesto al país al borde del colapso.
jue 28 mayo 2020 05:04 AM
Altos níveles de informalidad
Hasta un 70% de la población en Perú sobrevive gracias a la economía informal, por lo que no puede "darse el lujo" de dejar de trabajar.

Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en decretar una cuarentena estricta a nivel nacional para enfrentar al coronavirus. El 15 de marzo, sin registrar todavía muertos y con apenas 71 personas contagiadas, el gobierno de Martín Vizcarra no solo impuso el confinamiento obligatorio, sino que también decidió el cierre de las fronteras y el toque de queda nocturno.

La adopción de medidas tan drásticas con el objetivo de anticiparse a la propagación del virus cosechó elogios dentro y fuera del país. Sin embargo, 10 semanas después, los resultados están lejos de ser los esperados. Detrás de Ecuador, Perú comparte con Brasil el segundo escalón en el ranking latinoamericano de más muertes por millón de habitantes. Al 26 de mayo, el país registraba 3,788 fallecidos y 129,751 contagiados. ¿Qué pasó?

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“Son varios los factores por los que la cuarentena domiciliaria, a pesar de haber sido iniciada precozmente, no haya dado los resultados esperados”, dice el médico Manuel Mayorga Espichán, director nacional de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada del Norte, en Lima. “Probablemente, el más importante de ellos sea que el 70% de la población económicamente activa en el Perú es informal y la subsistencia familiar depende de los ingresos que se obtienen diariamente, con lo que la mayoría no puede ´darse el lujo´ de no trabajar”.

Si bien la economía peruana registró una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina entre 2010 y 2019 con un promedio anual del 4.5%, y en el mismo período la pobreza cayó del 30.8% al 20.2% de la población, buena parte de los déficits históricos del país en materia social no han sido removidos.

Atento a ese contraste entre fortaleza macroeconómica y profundas carencias sociales, el gobierno peruano sorprendió con el lanzamiento del programa más ambicioso de América Latina dirigido a moderar los efectos de la cuarentena. Inyectó 25,000 millones de dólares -el equivalente al 12% del PIB- con el objetivo de asistir a los segmentos sociales más vulnerables y asegurar la continuidad de las empresas.

El programa incluye desde bonos para los sectores más humildes de la población hasta la suspensión excepcional del aporte a las administradores de fondos de pensión, pasando por el financiamiento del 35% de los salarios de los trabajadores formales que tengan un sueldo de hasta 1,500 soles (unos 425 dólares) y la inyección por parte del Banco Central del equivalente a 8,500 millones de dólares para garantizar préstamos de los bancos a unas 350,000 empresas.

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No obstante, ese volumen de recursos no fue suficiente para lograr que la cuarentena sea efectivamente cumplida por vastos sectores de la población. “La necesidad de muchas familias -especialmente las más pobres- de realizar compras diarias de alimentos ya sea por razones culturales o por falta de refrigerador en sus casas ha provocado grandes aglomeraciones en los mercados de abastos, además de las aglomeraciones en los bancos para cobrar el bono estatal de apoyo económico de un poco más de 200 dólares a casi 7 millones de hogares en situación de vulnerabilidad”, dice Mayorga Espichán.

A eso se suman las crónicas deficiencias de Perú en infraestructura básica, que también conspiran contra el éxito de las medidas sanitarias. Por ejemplo, unas 700,000 personas de los distritos más pobres de la capital Lima no tienen acceso a la red de servicios de agua potable, según cálculos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Un sistema al límite

En medio de la fatiga social provocada por la cuarentena más extensa de América Latina, Perú se asoma al colapso tan temido. Las medidas tempranas intentaron proteger a un sistema sanitario frágil. Al inicio de la pandemia, el país solo contaba con 247 camas de unidad de cuidados intensivos (UCI), aquellas que tienen el equipamiento necesario para atender pacientes con COVID-19. Si bien a lo largo de la emergencia el gobierno logró ampliar a 1,078 la cantidad de camas UCI, la relación de 3.2 camas cada 100,000 habitantes continúa estando muy por debajo del estándar óptimo de 10.

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En ese marco de escasez, el gobierno informó el martes pasado que 923 camas UCI estaban ocupadas y 155 permanecían disponibles. Sin embargo, esos números son engañosos dado que sobran camas en las ciudades del sur del país, pero faltan en Lima y en el norte.

“El dilema de la última cama ya llegó: por más que duela, ya estamos haciendo selección de pacientes entre quienes pueden acceder a una cama UCI en cada hospital y los que no”, dice Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y médico del Hospital Dos de Mayo, en Lima. “En la guardia de anoche teníamos una sola cama UCI disponible frente a una demanda de 40 pacientes; hubo que optar por el que tiene mayor probabilidad de vida y derivar a los otros pacientes al área de hospitalización general”.

Casos similares se repiten desde hace días en varios hospitales del país. Ante la evidente escasez de plazas disponibles frente a un número de contagiados activos que supera los 73,000, el gobierno se fijó como meta alcanzar las 2,000 camas UCI a fines de junio. En cualquier caso, la falta de camas es apenas uno de los déficits que Perú arrastra en materia sanitaria. Según cálculos oficiales, a fines del año pasado faltaban más de 16,000 médicos especialistas en el país.

“Solo en cuidados intensivos, somos apenas 720 médicos y faltarían otros 700 para que la atención sea la óptima”, dice Valverde. “Ahorita estamos trabajando a doble o triple turno frente a una enfermedad que agota porque hay que tener mucho cuidado y hay que estar permanentemente con el paciente”.

Esa escasez de recursos humanos se viene agravando ante la falta de equipos de protección para el personal sanitario. Al 24 de mayo ya sumaban 33 los médicos fallecidos por coronavirus, según el Colegio de Médicos del Perú. Además, para esa fecha estaban contagiados 1,173 médicos y 28 de ellos estaban conectados a respiradores en terapia intensiva.

El drama expone con claridad las consecuencias de la baja inversión que Perú destinó por décadas a la salud pública. El presupuesto estatal ronda el 3% del PIB, lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Empujado por las urgencias, el Congreso aprobó el 21 de mayo por unanimidad un dictamen que declaró en emergencia por 12 meses al sistema nacional de salud, y conformó una comisión para formular en un plazo de 120 días un anteproyecto de ley para reformar el sector. Además, declaró de interés y necesidad pública el incremento progresivo del gasto estatal en salud hasta alcanzar al 8% del PIB en tres años.

Sin embargo, esos planes de mediano plazo asoman lejanos frente a las urgencias que plantea la propagación acelerada del coronavirus con más de 5,000 contagios diarios. Los especialistas estiman que el pico de infectados y muertes recién se alcanzará a mediados de junio. Hasta entonces, el panorama amenaza con ensombrecerse aún más en Perú.

“Hay más muertes en los domicilios y cada vez más pacientes llegan a los hospitales solo cuando sus balones de oxígeno que compraron en forma particular están por agotarse”, dice Valverde. “El país está pagando un alto costo por un servicio de salud precario que fue descuidado en los últimos 40 años y, lamentablemente, aún no veo una luz al final del túnel”.

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