Una escandalosa compra con sobreprecio de ventiladores para pacientes con el COVID-19 en plena emergencia sanitaria puso de nuevo en el tapete la corrupción en Bolivia, mal endémico que ha alcanzado a altos cargos del Estado.
El caso ya le costó la cabeza del ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien fue detenido de manera preventiva, aunque fue trasladado el miércoles a una clínica, que no es ninguna de las tres de su propiedad.
De la misma forma está detenidos preventivamente por seis meses el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando V., el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Geovanni P. y el conocido en este proceso como "testigo clave" Luis Fernando H.
Se trata del mayor caso de corrupción en los cerca de seis meses que lleva en el poder de forma transitoria Jeanine Áñez. Pero este no es un mal nuevo en el país andino.
"La corrupción viene de muy atrás", dice a la AFP el académico y constitucionalista Carlos Börth.
El proceso que está bajo escrutino es la compra de respiradores artificiales, que cuestan 6,600 dólares la unidad según su fabricante español, y que fueron adquiridos en 27,000 dólares por el Ministerio de Salud, operación que le costó a Bolivia más de cinco millones de dólares.
Bolivia pagó cerca de 2.2 millones de dólares y el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.
La oposición exige que también sea investigado un diplomático cercano a la presidenta interina Jeanine Áñez, involucrado supuestamente en la compra con amaño.
Áñez dijo el jueves que existía en el Ministerio de Salud "una red de sabotaje y corrupción (...) para perjudicar" a su gobierno, aunque no ofreció mayores detalles.
El Congreso formó la semana pasada una comisión multipartidaria para investigar el fraude en esa compra.
La oposición ha criticado la interferencia en la Justicia después de que fuera detenido y luego liberado el juez que lo lleva, sin que haya constancia aún de qué instancia ordenó aprehenderlo justo cuando iba a tomar declaración a los procesados.
El viernes, Amnistia Internacional instó al gobierno de Áñez respetar la independencia judicial y evitar "hostigar y amenazar" a sus adversarios políticos.
#Bolivia: Gobierno de @JeanineAnez debe respetar independencia judicial y abstenerse de hostigar y amenazar a opositores políticos, ya sea a través de disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones. #RepresiónNoEsProtección 👉https://t.co/YxNyz5ybR0 pic.twitter.com/cX4ItiRGp9
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) May 29, 2020
El llamado de Amnistia ocurrió dos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abogara por la "independencia judicial" en Bolivia tras la detención del juez.
"La independencia judicial es vital para la vigencia del Estado de Derecho", dijo la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos, tras la detención del juez Hugo Huancani, ya liberado.
Además, la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos pidió una investigación "con el propósito de evitar que estas acciones indebidas se repitan", mientras el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la detención del juez de "un desvarío".
El analista Börth dice que "la carga simbólica que tiene el caso (de los ventiladores) en un momento de extrema emergencia social, hace que se visualice el tema de la corrupción con fuerza".
Este flagelo "está diseminado en todo el aparato del Estado (...) y los gobiernos no toman medidas efectivas porque no le interesa", afirma.
Por ejemplo, "en los 14 años de (gobierno de) Evo Morales se adoptaron sistemáticamente medidas que favorecieron la corrupción (...), como la de autorizar las compras por invitación directa", dice. "Eso ha profundizado la corrupción".
Pero Börth critica también al gobierno interino de Áñez por no contener el problema.
Algunos políticos "hacen de la corrupción un método de gobierno", en suma, "la corrupción se convierte en un método de gobernabilidad", dice.
Sin embargo los actos de corrupción no ocurren únicamente en los niveles más altos en plena emergencia por la pandemia del COVID-19, que deja unos 8,300 infectados y 293 muertos entre los 11 millones de bolivianos.
Una investigación estableció compras sobrevaloradas de insumos para atender la crisis del coronavirus en la estatal Caja Nacional de Salud.
Otra pesquisa estableció que funcionarios del Servicio de Impuestos traficaban con la "prescripción de deudas tributarias" en favor empresas deudoras, según el titular de la institución, Mario Nava-Morales.
Hay también casos de falsificación de permisos de circulación vehicular en tiempos de restricción por la cuarentena, en vigor desde marzo pasado.
El Índice de Percepción de Corrupción 2018, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, dio a principios de este año a Bolivia un puntaje de 29 sobre 100, donde cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.
Con información de EFE y AFP
