"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado.
Como consecuencia, agregó la nota, "el presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo por investigar personal de Estados Unidos sin el consentimiento de Estados Unidos".
En el comunicado, el gobierno de Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne.
"Tengo un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo —su gente podría ser la siguiente— especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos", agregó.
Entre estas medidas figuran el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la ampliación de las restricciones de viajes a Estados Unidos.
Asimismo, señaló tener "fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal (cargo ocupado por la fiscal Fatou Bensouda).
