Un supremacista blanco arrepentido que fue condenado a muerte por el asesinato de una familia de tres personas fue ejecutado este martes, en la primera aplicación de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos, tras el fin de una moratoria de 17 años.
"Daniel Lewis Lee fue ejecutado utilizando la inyección letal", informó la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, donde estaba el condenado.
Lee fue declarado muerto a las 12:07 GMT (7:07 am, hora de la Ciudad de México), dijo una portavoz de la Oficina de Prisiones estadounidense.
La ejecución había sido frenada debido a que un tribunal de distrito de Washington ordenó el lunes al Departamento de Justicia retrasar cuatro ejecuciones programadas para julio y agosto, una orden que fue confirmada más tarde por un tribunal de apelaciones.
Pero a las 06:10 GMT (1:10 am, hora de la Ciudad de México), menos de siete horas antes de la ejecución de Lee en Indiana, la Corte Suprema votó 5-4 a favor de la reanudación de las ejecuciones federales.
"Ley y orden", declaró Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter poco después de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de dar vía libre a las ejecuciones.
Lee, de 47 años y quien era un supremacista blanco que después renunció a estas creencias, fue condenado a la pena capital por el asesinato de una niña y sus padres en 1996 en medio de un robo para obtener fondos para la "República de los Pueblos Arios".
La pareja asesinada tenía un importante arsenal en su casa y las autoridades calcularon que en el robo Lee obtuvo cerca de 80,000 dólares.
Lee fue condenado en 1999 por la tortura y asesinato en 1996 de los tres miembros de la familia, cuyos cuerpos arrojó a un lago en Arkansas.
Lee, originario de Yukon (Oklahoma), pasó 20 años en el corredor de la muerte.
En sus últimas palabras, Lee proclamó su inocencia, según un periódico local que estuvo en la ejecución, criticando al sistema de justicia por ignorar evidencia.
"He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino", dijo en su declaración final. "Están matando a un hombre inocente", dijo Lee, según el diario The Indianapolis Star.
La abogada de Lee, Ruth Friedman, denunció en un comunicado el "vergonzoso" proceso que llevó a la muerte del condenado y dijo que su cliente estuvo esperando cuatro horas en la camilla antes de ser ejecutado.
En respuesta a la apelación de cuatro condenados a muerte, la jueza federal de Washington Tanya Chutkan había emitido el lunes un dictamen indicando que el nuevo protocolo para la ejecución de la pena capital probablemente viola la Octava Enmienda de la Constitución.
Dicha enmienda establece que a los presos no se les puede someter a "castigos crueles o inusitados".
La magistrada aseguró en su fallo que había pruebas suficientes de que el fármaco letal empleado en la ejecución, el pentobarbital, "produce sensaciones de ahogamiento y asfixia" y causa "dolor extremo, terror y pánico".
Los tribunales estadounidenses habían puesto bajo revisión el nuevo protocolo para las ejecuciones federales, en las que ahora se debe emplear solamente el pentobarbital, en lugar de la combinación de varios fármacos que se usaba antes, y que ha dado problemas y provocado macabros episodios de intentos fallidos.
La Corte Suprema estimó que Lee y los otros detenidos "no han hecho lo necesario que justifique una intervención en el último momento de un tribunal federal".
El próximo condenado a muerte, Wesley Purkey, de 68 años, será ejecutado el miércoles, también en Terre Haute.
Earlene Peterson, cuya hija y nieta fueron asesinadas por Lee, había pedido clemencia al presidente Donald Trump pero el mandatario ignoró su petición.
Los familiares de las víctimas también solicitaron postergar la ejecución debido a la pandemia de coronavirus, hasta que pudieran viajar con seguridad para presenciar el procedimiento.
Alegaron que debían afrontar una "elección imposible" entre su derecho a asistir a la ejecución y el respeto por su salud, en el país del mundo con más fallecidos por el coronavirus, con más de 135,615 muertos.
Pero finalmente el procedimiento siguió su curso.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ordenó el año pasado al Buró Federal de Prisiones que reanudara el programa de ejecuciones. Así puso fin a una moratoria informal que estaba en vigor desde 2003.
Actualmente quedan 61 presos condenados a la pena capital por el gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en 2015; aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los crímenes más graves (ataques "terroristas", crímenes racistas) o cometidos en bases militares.
La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en Estados Unidos en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país.
De hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 22 de los 50 que tiene el país. El último fue Colorado, que la suspendió en marzo.
El apoyo a la pena de muerte se ha erosionado entre los estadounidenses, según las encuestas, pero sigue siendo fuerte entre los votantes republicanos, 77% de los cuales está a favor de ese castigo para los asesinos.
Con información de AFP, EFE y Reuters
