Chile se polariza ante un proyecto de retiro anticipado de fondos de pensión

El proyecto, presentado por la oposición de centroizquierda, cavó una grieta profunda en el país. Por un lado, la oposición encontró terreno fértil para avanzar con la iniciativa ante la insuficiencia de las medidas lanzadas por el gobierno de Sebastián Piñera para auxiliar a los sectores de clase media afectados por la cuarentena.

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Por el otro, el gobierno de Piñera se opuso en forma tajante al proyecto bajo el argumento que el retiro anticipado de recursos implicaría menores pensiones a futuro, además de los efectos negativos inmediatos en el precio de acciones y bonos que provocaría la liquidación del 10% de los fondos.

En ese juego de tensiones, Piñera decidió jugar fuerte. Ante los temores crecientes de que el proyecto finalmente se convierta en ley, lanzó de urgencia varias medidas destinadas a la clase media, un sector que no había sido priorizado en los paquetes de estímulos anunciados en marzo, abril y junio.

A comienzos de julio, el gobierno presentó medidas que van desde préstamos blandos y postergación de pagos en créditos hipotecarios hasta subsidios para el pago de alquileres y un mayor financiamiento a la educación superior.

A eso se sumó el martes pasado un bono de pago directo por 500,000 pesos chilenos (equivalente a unos 630 dólares) a todos los trabajadores ocupados, desocupados, suspendidos y cesantes que hasta antes de la pandemia del coronavirus percibían ingresos entre 500,000 y 1,500,000 pesos chilenos, y se vieron afectados por la emergencia sanitaria.

El propósito implícito de esos anuncios es torcer la decisión de congresistas oficialistas favorables a apoyar el proyecto en el Senado. Para aprobar la reforma, en la Cámara de Senadores se requiere un quórum de tres quintos, lo que implica que, además del previsible acompañamiento de los bloques de la oposición, al menos dos legisladores oficialistas deberían respaldar el proyecto.

Los antecedentes recientes juegan en contra del gobierno: en el debate en Diputados, 13 legisladores oficialistas terminaron votando a favor de la iniciativa presentada por la oposición.

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En caso de ser aprobado el proyecto, los afiliados a las AFP podrán retirar hasta un máximo de 4.3 millones de pesos chilenos (cerca de 5,400 dólares) y un mínimo de 1 millón de pesos chilenos (unos 1,250 dólares). Las personas cuyo 10% de ahorros represente menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad de los fondos.

Si la iniciativa se transforma en ley, las AFP tendrán un plazo máximo de diez días hábiles para entregar el 50% de los recursos solicitados por sus afiliados, y la otra mitad de los fondos deberá ser entregada en un plazo máximo de 30 días hábiles después del primer desembolso.

Riesgos y beneficios

Durante décadas, el modelo de pensiones, que fue replicado con matices en México y buena parte de América Latina durante la década del 90, fue señalado como uno de los principales motores del llamado "milagro chileno".

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Con 200,977.8 millones de dólares de ahorros acumulados al 30 de junio pasado, los fondos previsionales equivalen a más del 80% del PIB. El mayor ahorro doméstico y el desarrollo del mercado de capitales local fueron dos de las palancas que impulsaron el alza del 160% del PIB per cápita registrado en Chile desde 1990, año en que retornó la democracia al país.

No obstante, esos beneficios económicos del sistema no se reflejaron en el monto de las pensiones. Si bien el rendimiento de las seis administradoras que gestionan los fondos de los trabajadores ha sido elevado –cercano al 8% real anual desde el lanzamiento del sistema-, la mitad de las 1,006,957 jubilaciones por vejez autofinanciadas que son pagadas por las AFP y las compañías de seguro es inferior a los 150,000 pesos chilenos (unos 188 dòlares), según un estudio de la Fundación Sol.

Si se agregan los subsidios del Estado, la mitad de los pensionados percibe menos de 204.000 pesos chilenos (unos 255 dólares), un nivel que está 35% por debajo del salario mínimo. Esas magras jubilaciones fueron una de las principales razones que impulsaron las masivas protestas registradas en Chile a fines del año pasado.

En ese marco, quienes se oponen a la iniciativa consideran que su aprobación no haría más que empeorar el panorama. “Uno de los principales motivos del descontento social es que las pensiones son bajas y si estos fondos retirados no son restituidos, eso implicará pensiones aún más bajas en el futuro”, dice Rodrigo Gutiérrez, gerente general del centro de estudios CIEDESS, en Santiago.

"El proyecto también genera un conjunto de efectos indeseados en el presente: de aprobarse, habría una caída en la valorización de los fondos de pensiones por lo que el retiro sería menor al que las personas esperan y, además, afectaría la valorización de los fondos que queden adentro del sistema".

Según CIEDESS, si todos los afiliados decidieran retirar sus fondos –un volumen que ascendería a unos 17.000 millones de dólares-, habría 3 millones de personas, en su mayoría menores de 40 años, que se quedarían sin ahorros en su cuenta de capitalización.

A esos temores se suman los probables impactos sobre la economía. “Si se concreta el retiro anticipado de fondos, la venta de acciones en el mercado local por parte de las AFP para cumplir con sus afiliados tendría un impacto relevante en los precios”, dice Hernán Cheyre, director del Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES), en Santiago. “También habría un efecto importante en los bonos estatales, lo que provocaría una suba la tasa de interés interna y eso complicaría la reactivación post-pandemia”.

En cambio, quienes impulsan el proyecto no solo consideran que es la mejor opción para dar oxígeno a la clase media en forma rápida, sino que el retiro de fondos equivalentes al 7% del PIB también ayudará a impulsar a la economía una vez superada la pandemia.

"Ante la enorme caída de la demanda, en la práctica este retiro de fondos se traduce en una política keynesiana de estímulo, pero con recursos privados”, dice Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones durante el gobierno de Michelle Bachelet. "En definitiva, se echa mano a lo que por años nos han dicho que era nuestro, ahorros que ahora necesitamos con urgencia".

En el marco de una caída del 7.5% del PIB estimada por el Banco Central, que sería la mayor contracción en los últimos 35 años, Chile debate su futuro y en el centro de la mesa de discusiones colocó al sistema de pensiones. Los cambios son empujados por una ola social creciente. Según una encuesta de la consultora Cadem realizada a comienzos de julio, el 83% de los chilenos está de acuerdo con el retiro excepcional de los fondos.

A contracorriente de ese humor social, Piñera se enfrenta a una instancia clave. Con apenas un 17% de aprobación a su gestión según el promedio de los sondeos, una derrota en el Senado representaría una nueva sangría de su ya debilitado capital político y evidenciaría aún más las fisuras en la coalición gobernante.

"Ha habido una política obcecada por parte del gobierno de resistirse a los cambios y se ha tensado la situación al extremo de poner a la joya de la corona –el sistema de AFP- en un riesgo casi terminal", dice Gallegos. "La gran novedad es que el proyecto en debate es un hito que cambia radicalmente el escenario en Chile: más allá del retiro excepcional de recursos previsionales, la cuestión de fondo es que se está abriendo paso a una reforma estructural de un sistema de pensiones que no dio los resultados esperados".