El proyecto, presentado por la oposición de centroizquierda, cavó una grieta profunda en el país. Por un lado, la oposición encontró terreno fértil para avanzar con la iniciativa ante la insuficiencia de las medidas lanzadas por el gobierno de Sebastián Piñera para auxiliar a los sectores de clase media afectados por la cuarentena.
Por el otro, el gobierno de Piñera se opuso en forma tajante al proyecto bajo el argumento que el retiro anticipado de recursos implicaría menores pensiones a futuro, además de los efectos negativos inmediatos en el precio de acciones y bonos que provocaría la liquidación del 10% de los fondos.
En ese juego de tensiones, Piñera decidió jugar fuerte. Ante los temores crecientes de que el proyecto finalmente se convierta en ley, lanzó de urgencia varias medidas destinadas a la clase media, un sector que no había sido priorizado en los paquetes de estímulos anunciados en marzo, abril y junio.
A comienzos de julio, el gobierno presentó medidas que van desde préstamos blandos y postergación de pagos en créditos hipotecarios hasta subsidios para el pago de alquileres y un mayor financiamiento a la educación superior.
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A eso se sumó el martes pasado un bono de pago directo por 500,000 pesos chilenos (equivalente a unos 630 dólares) a todos los trabajadores ocupados, desocupados, suspendidos y cesantes que hasta antes de la pandemia del coronavirus percibían ingresos entre 500,000 y 1,500,000 pesos chilenos, y se vieron afectados por la emergencia sanitaria.